Disponer de
una financiación suficiente que permita afrontar a las corporaciones locales la
facturación de gastos por la prestación de servicios como consecuencia de la
actividad turística. El planteamiento está hecho desde hace muchos años,
décadas, pero sigue vigente, según se desprende de los contactos mantenidos por
el presidente de la comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) y alcalde de Palma, José Hila; y el secretario general de
la entidad, Juan Ávila, con la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían,
para tratar asuntos relacionados con la promoción y la gestión de esta materia
en las localidades turísticas. El municipalismo, en efecto, sigue quejándose de
una financiación insuficiente, de recursos escasos para atender obligaciones
ante las que se ven desbordados, especialmente en determinadas épocas del año.
Ha pasado el tiempo y se reproduce la
reivindicación, que no es gratuita, como podriamos hablar por propia
experiencia. El lamento estriba en que sucesivos gobiernos y varios ministros,
de distinto color político, no han podido siquiera acercar una solución
mínimamente satisfactoria.
Las soluciones no son fáciles, desde
luego. Pero se nota que hay un estancamiento difícilmente salvable. Comoquiera
que el asunto tiene mucho que ver con una reforma tributaria, es como si a las
partes asustaran el diálogo y la necesaria negociación con tal de acercar
posturas y encarar una solución, siquiera de mínimos. De ahí la importancia de
la interlocución, no solo por la perseverancia sino por el necesario
entendimiento. Aunque los ayuntamientos españoles presentan una situación más
desahogada, o al menos han reducido sus deudas, lo cierto es que continúan
demandando inyecciones económico-financieras que les permitan mejorar sus
niveles inversores y, sobre todo, prestar servicios de calidad. En la ciudades
turísticas, pongamos por caso.
Un criterio de la lucha histórica del
municipalismo en esta materia es el de la población flotante o población
asistida, es decir, el número de visitantes que se aloja anualmente en sus
establecimientos. Población que precisa de servicios básicos pero también de
los relativos a transportes, seguridad, consumo, limpieza y sanidad. Los
empresarios no quieren saber nada de más tasas, aunque fuera reducida y tuviera
un carácter finalista, aplicable desde la máxima transparencia.
Así las cosas, alcaldes y ediles de
Hacienda tendrán que rebuscar en otras figuras impositivas. De hecho, en esa
reunión entre la FEMP y la secretaría de Estado, se habló de un Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) especial, aplicable a los pisos de alquiler turísticos.
“Se trata de disponer de herramientas para que el IBI se pueda adaptar a la
actividad económica del municipio y los ayuntamientos no estn abocados a vivir
de la construcción”, comentó José Hila.
De forma colateral, los responsables
municipalistas sugirieron que para garantizar uno de los factores anteriormente
citados, la seguridad, se permitiese a los ayuntamientos ampliar la plantilla
de la policía local, si bien es verdad que esta medida incrementaría el
Capítulo I (Personal) de los Presupuestos Generales y el incremento de gasto
atenazaría el funcionamiento económico-financiero de muchos ayuntamientos.
En cualquier caso, los dirigentes de
localidades turísticas están en su derecho de reivindicar y de esmerarse en la
búsqueda de soluciones para que las obligaciones presupuestarias y la asunción
de gastos aumentados por una razón como la señalada, encuentren una vía de
salida sostenible. Está en juego, en buena medida, el prestigio y la calidad
del propio destino.
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