Casi lo de menos es que
afloren contradicciones en las manifestaciones públicas de altos cargos del
Partido Popular (PP), Rafael Catalá y Esperanza Aguirre, por ejemplo, o que el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dé el asunto por sustanciado, “hace muchísimos
años”. Lo tremendo es que pasen los días y las familias de las víctimas del
accidente de un avión militar en Turquía alarguen su sufrimiento después de que
el Consejo de Estado dictaminara la responsabilidad del Ministerio de Defensa
en el siniestro. Ni hay dimisión de quien fuera entonces su responsable (hoy
embajador en Londres, Federico Trillo) ni hay perdón, bajo la peregrina idea de
que eso significaría, poco menos, otorgar la razón a los familiares. Todo eso
no es de recibo.
El dictamen del Consejo de
Estado es terminante: el Estado no puede desentenderse de la obligación de
asegurar en la medida de lo posible el conjunto de las gestiones de la
contratación formalizada para el transporte de las tropas. Las circunstancias
que se han ido conociendo tras las investigaciones sucedidas al accidente
revelan algo más que deficiencias (Es para temblar lo del falseamiento de las
identidades de unos treinta fallecidos). El respeto a las víctimas debería
empezar precisamente por el reconocimiento de cuantas irregularidades se
acumularon para la desgracia consumada. El pronunciamiento del Consejo de
Estado deja poco espacio para las dudas.
Por eso, el sufrimiento no
debería alargarse. Alguien tiene que asumir la responsabilidad política antes y
después del accidente. Es el Gobierno el que debe tomar la iniciativa, sabiendo
que ni se podrá devolver la vida ni es cuestión, como han dicho los familiares,
de pedir más dinero. Estamos ante una cuestión de ética política que ya no
admite dobleces, tras todos los errores -y algo más- cometidos.
Una cuestión de ética y de dignidad.
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