DEPENDENCIA

Diez años ha cumplido la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, que significó un avance importante para el tratamiento y la asistencia de personas que verdaderamente lo necesitan. Una ley progresista, de las más avanzadas en materia social en el ámbito de la Unión Europea (UE), como ha sido reconocido. La norma convirtió en un derecho lo que hasta su promulgación era considerado como un voluntarismo familiar o un asistencialismo incluso caritativo. Su razón de ser robustecía el Estado del bienestar que, teóricamente, asumía una responsabilidad con un soporte adecuado para afrontar todo un reto de futuro y dar un salto cualitativo en el tratamiento del problema.

Claro que no todos los problemas se han resuelto y que la austeridad y los recortes de las políticas gubernamentales en la pasada legislatura han supuesto un cierto estancamiento del que ahora se pretende salir con un pacto o un gran acuerdo, promovido por el Observatorio Estatal de Atención a la Dependencia que han firmado todos los grupos parlamentarios menos el del PP, consistente en revitalizar la filosofía y los contenidos de la Ley, un hecho que pasa, naturalmente, por la dotación de más recursos presupuestarios, los suficientes para que el sistema funcione con solvencia. Téngase en cuenta que las comunidades autónomas afrontan casi un 77,5% del presupuesto dedicado a esta finalidad, en tanto que algunos expertos mantienen que el volumen de reducción de recursos estatales en la pasada legislatura supera los dos mil ochocientos sesenta y cinco millones de euros. Haría bien el partido gubernamental en sumarse a ese pacto o en revisar al alza las consignaciones para financiar las prestaciones y los servicios. Y es que la Asociación Estatal de Gerentes y Directores en Servicios Sociales, en su informe del pasado febrero, anticipó que hay casi cuatrocientas mil personas pendientes de ingresar en el sistema que ya cobertura a un millón ciento ochenta mil trescientas cuarenta y cinco personas.

La  vulnerabilidad sigue latiendo en medio de la crisis que se resiste a dejarnos. Ello hace de la dependencia una asignatura que no puede abandonarse. Instituciones, administraciones y profesionales deben estar persuadidos de la importancia que supone, sencillamente, una atención justa y digna.