Iniciativa en el Ayuntamiento de Madrid para abrir una
Oficina contra el fraude y la corrupción. Bien. Plausible. Esos males de
nuestro tiempo, que tanto daño han causado y causan a la sociedad y a la
credibilidad política, deben ser combatidos con aquellos recursos que los
propios poderes públicos sean capaces de poner en marcha, siempre desde el
Estado de derecho. Se trata de “proteger al Ayuntamiento y a todos sus
funcionarios de conductas delictivas y presiones inaceptables”.
Decir a estas alturas que la corrupción es una lacra resulta
una obviedad aplastante. Pero hay que insistir en que los políticos sean los
primeros en dar ejemplo y adoptar medidas terminantes para erradicarla.
Difícil, claro que sí, porque la condición humana es la que es, y la corrupción
existe desde la noche de los tiempos. Pero hay que perseverar. Lo ha dicho
Purificación Causapié, portavoz socialista en el Ayuntamiento madrileño: “O acabamos
con la corrupción o la corrupción acabará con la democracia”.
Parecerá tajante la declaración, y todo lo que ustedes
quieran, mas hay que interpretarla conscientes de que es la propia política la
que se ve muy afectada. Ese rechazo, esos desapegos, fruto de tantas cosas,
tiene en la corrupción otro hecho nutriente que es preciso erradicar. Porque
los daños de la corrupción son evidentes allí donde quiera que sea descubierta
y probada. Claro que socava los principios de la convivencia y de la democracia.
No puede ser una “cultura” que se acepte sin más. Para colmo, si también
contribuye, como dice Causapié, “a drenar recursos públicos que deberían
destinarse a combatir la pobreza y la desigualdad”, es que se lleva por delante
al mismísimo Estado del bienestar, bastante menoscabado ya con política y
reducciones poco favorecedoras.
Una Oficina contra el fraude y la corrupción en el ámbito
municipal. Otra medida para erradicar ciertos vicios y ciertas prácticas. No es
la panacea definitiva pero es otro avance.
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