La agencia de noticias Europa
Press dio
a conocer el pasado mes de julio un dato que parece haber pasado
inadvertido pero que es muy inquietante: más de la mitad de los
parados registrados en Canarias, o sea, el 51,5%, no cobra prestación
ni subsidio alguno por su condición de desempleados.
Según los datos facilitados
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, recogidos por la
citada agencia, se elevan a 116.450 desempleados los que perciben
algunas de las rentas públicas distribuidas, esto es, la prestación
contributiva, el subsidio, la renta activa de inserción y la ayuda
del Programa de Activación para el Empleo. Si el pasado mes de mayo
se cerró con 240.067 personas inscritas en las oficinas de empleo
del archipiélago, ello significa que 123.617 carecen de cobertura de
desempleo. Ese mismo mes, el Estado dedicó 81,7 millones de euros a
pagar las prestaciones a los parados canarios, desglosados de la
siguiente manera: 46,6 millones corresponden a pensiones
contributivas; 25,8 millones al abono de subsidios; 8,2 millones a
las rentas activas de inserción y 973.000 euros al Programa de
Activación del Empleo.
De estos datos se desprende
que la prestación contributiva media en las islas, con 759,6 euros
mensuales (42,7 euros menos que la media, fijada en 802,3 euros/mes),
es la tercera más baja de España. He ahí lo preocupante, unido a
esa mitad de población en paro que no percibe prestación ni
subsidio alguno.
La
crisis, por tanto, sigue latiendo en Canarias. Hay colectivos
sociales muy vulnerables y desfavorecidos. La indigencia no
disminuye. Hay familias que sufren lo indecible para acceder a bienes
de consumo básicos. La dependencia sigue preñada de trabas y
obstáculos. Tanto las instituciones públicas como las
organizaciones no gubernamentales se esmeran con tal de corregir los
desequilibrios palpables. Situación delicada, desde luego.
Así las cosas,
independientemente de las medidas prácticas que surjan de reuniones
como la que han mantenido la vicepresidenta del Gobierno de Canarias
y consejera de Empleo, Patricia Hernández, con agentes económicos y
sociales y ejecutivos del Servicio Canario de Empleo (SCE), en el
ámbito de los consejos insulares de formación y empleo, la realidad
anteriormente descrita pone de relieve nuevamente la necesidad de
generar condiciones para que los sectores productivos creen puestos
de trabajo y de recuperar el Estatuto de los Trabajadores como una
carta de derechos, en la que la igualdad de oportunidades y la
formación sean factores sustantivos para el desarrollo del mercado
laboral y para superar tanto la brecha salarial como la precariedad
en el empleo.
No hay que dormirse, pues, ni
refugiarse en situaciones de incertidumbre política o gubernamental
para justificar lentitud o impotencia en materia de empleo y atención
social. Diagnosticadas las necesidades, que cuantitativamente pueden
crecer, se trata de aplicar fórmulas aptas para mitigar la
situación. Siquiera.
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