Un millón de cuentas
bancarias canceladas por carencia de Documento Nacional de Identidad (DNI). Se
dice fácil. Pero la Ley de Prevención de blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo era tajante y las consecuencias se están contrastando ahora. En
2015, había 71 millones de cuentas corrientes en nuestro país pero aún no se
dispone de cantidades exactas, sobre el programa de cancelaciones: hasta es
probable que sean dos millones de cuentas En Canarias, algunas informaciones apuntan que
han sido más de cincuenta mil las cuentas canceladas.
Todo da a entender que un cúmulo de circunstancias pone al
descubierto los efectos de un trámite legal: hay un desinterés por la carencia
de fondos, está el problema de los ancianos con dificultades para operar, los
fallecimientos no comunicados. Además, los inmigrantes y clientes que han
cambiado su lugar de residencia. A ello cabe añadir la existencia de cuentas
con productos asociados que revisten dificultades de diverso tipo, desde
tarjetas que no se utilizan a valores o planes de pensiones, muchos de los
cuales ni siquiera tienen saldo a favor.
No andan los ciudadanos sobrados de recursos, de manera que
llega a sorprender que haya tantas cancelaciones. Con el dinero no se juega y
es difícil desentenderse cuando indispensable resulta para el sustento diario.
Habrá que aguardar los totales y los destinos del dinero no reclamado de las
cuentas canceladas, aunque la Ley tenga previsiones al respecto, incluso desde
el punto de vista de tiempo de custodia y opciones de reclamación.
Pasado ese tiempo (veinte años, si no estamos equivocados),
es fácil deducir: devolución a Hacienda. La vida sigue igual.
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