FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En la vorágine informativa de las negociaciones para concertar fórmulas de gobernabilidad, habría que tener muy presente la suerte que correrá la financiación de Canarias en el régimen de las comunidades autónomas. Es una asignatura primordial, como se deduce de las manifestaciones de dirigentes -algunas de ellas en sede parlamentaria- y de las posiciones que han fijado los propios partidos políticos en debates y programas. Aunque pequemos de reiterativos, hay una premisa de la que partir: la financiación canaria consigna las especificidades previstas por la normativa de la Unión Europea (UE) respecto de las regiones ultraperiféricas. Y la singularidad del archipiélago, constatada en razones geográficas e históricas, tiene su respaldo constitucional en la disposición adicional tercera de la Carta Magna española.

Por lo tanto, es importante que si se habla de agenda canaria en las negociaciones con el candidato Sánchez, sean tenidos en cuenta los antecedentes, desde que el Gobierno de Rajoy abriera -por lo que pudiera suceder- las expectativas de un mejor trato para Canarias en aquellos días de vino y rosas que sucedieron a los comicios autonómicos y locales.

En una de las primeras sesiones de control al Gobierno autonómico, su presidente, Fernando Clavijo, consideró vital la negociación para no repetir los que se consideran errores en lo materializado en el año 2009. Para el presidente, en ese sentido, es indispensable separar el Régimen Económico Fiscal (REF) del bloque de financiación autonómica. Por su parte, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, demandó al principio de la presente legislatura un sistema de financiación más transparente para que no hubiera que mirar de reojo (sic) a las otras comunidades en lo que a prestación de servicios se refiere. Dávila fue tajante: el sistema actual no es claro y es injusto a la hora de ponderar los recursos para financiar, por ejemplo, los servicios sociales.

Nueva Canarias (NC) denunciaba en su programa electoral para mayo de 2015 que Canarias ha venido perdiendo más de 800 millones de euros anuales por este concepto. Para la formación del ex presidente Román Rodríguez se trata de un daño enorme para nuestros intereses y, especialmente, para los servicios públicos esenciales y para la obra pública, que se financian básicamente por este procedimiento. Es esencial, repetía, que nos coloquemos en la media de financiación por habitante del conjunto de las comunidades autónomas. Y a la misma cantidad se refiere el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Generales que, entre las primeras iniciativas presentadas, promueve una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno a presentar un nuevo sistema porque el actual, incluso, ha sido incumplido.

El diputado socialista Francisco Hernández Spínola ha subrayado la necesidad de trabajar sobre los principios de autonomía y suficiencia financiera. Y es que en ellos descansa la clave de que los ciudadanos accedan a los servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad.

Ochocientos millones menos son muchos millones. Tal carencia, en unos Presupuestos Generales del Estado, se nota y mucho. Entonces, si convenimos en la cifra, en que la cuestión es vital, está consignada en agenda, hay que colocarse en la media y ya están registradas las primeras propuestas, se trata de remar en la misma dirección, a ver si de una vez se alcanza el objetivo de homogeneizar la estructura económica y fiscal de Canarias.