Un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas. Ese debe ser el gran objetivo suceda lo que suceda tras las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo, pues algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) también se quejan. Claro que hasta que no se conozcan los resultados de los siguientes comicios, tras comprobar qué proponen los partidos políticos, será difícil hacer previsiones más o menos estables. Canarias, por ejemplo, se ha visto sensiblemente perjudicada, hasta el punto de aparecer en los últimos lugares de la clasificación según el sistema estatal de financiación.
El problema es que hay que hacer sostenible la prestación de los servicios públicos esenciales. Y eso es difícil si se registra esa merma de ingresos. Fuentes del Gobierno canario señalan que cada anualidad percibe unos ochocientos millones de euros menos que la media y mil setecientos millones menos que la comunidad mejor financiada. Este dato es significativo: en el período 2009-2012, o sea, los últimos cuatro ejercicios liquidados del sistema, Canarias ha percibido tres mil cuatrocientos millones por debajo del conjunto de las comunidades autónomas.
Por si no fuera significativa esta disminución, Canarias, solo en 2015, percibirá del Fondo de Garantía de los Servicios Fundamentales dos mil millones menos de lo que costarán estas prestaciones, es decir, ingresará dos mil trescientos veintidós millones, en tanto que el capítulo de gastos en sanidad, educación y políticas sociales superará los cuatro mil trescientos noventa millones de euros.
Mucho hay que negociar y mucho hay que reformar, por tanto, para que la balanza se equilibre y para que se pueda seguir prestando los servicios públicos esenciales en términos cuantitativos y cualitativos dignos. Lo contrario, significaría continuar remando contra corriente y manteniendo una lucha contra la desigualdad nada fácil de superar.
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