Según el informe anual del Foro Económico Mundial sobre la brecha de género, España ha descendido diecinueve puestos desde 2012. Se quejan con razón las organizaciones de mujeres y de partidos políticos, confirmando la advertencia que han venido haciendo sobre el retroceso experimentado con el progresivo desmantelamiento de las políticas de igualdad.
A los recortes presupuestarios (un 33% en general y un 22% en el capítulo concreto de la lucha contra la violencia de género), en efecto, hay que añadir, en efecto, la desaparición de organismos y políticas específicas en materia de igualdad.
Pero hay otras reformas que inciden en ese aumento de la brecha. La misma reforma laboral, por ejemplo, el desmantelamiento del Estado del bienestar, la supresión de servicios públicos esenciales y la reducción de puestos de trabajo en el sector público son hechos determinantes para contrastar ese retroceso. Las modificaciones legislativas también han motivado el rechazo de sectores de población femenina.
Así las cosas, tienen sentido tanto la defensa de una Ley de Igualdad Salarial como de una norma que regule el uso del tiempo. Las mujeres se sienten en el derecho de cobrar lo mismo y cuidar lo mismo para favorecer, entre otras cosas, la cultura de la corresponsabilidad.
Lo que no puede ocurrir es que la brecha se siga extendiendo. Recuperar posiciones en esa clasificación, desde luego, va a ser complicado.
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