SIN OFICINAS, SIN REMEDIO

Los consumidores y usuarios se encontraron de la noche a la mañana con las oficinas de DEPCSA cerradas. De inmediato, saltó el timbre de quejas y críticas en las redes sociales. El municipio, acaso ya acostumbrado, perdía otra dotación, otro servicio. No se conoce versión del gobierno local, siquiera en términos de justificación elemental, pues debe andar ocupado en otros menesteres. Ni de la firma concesionaria, que andará a lo suyo, en su cuenta de explotación.  Ha tenido que ser el Grupo Municipal Socialista, en la oposición, el que ha tomado la iniciativa para instar a la corporación a adoptar un acuerdo que signifique la reapertura de las citadas oficinas.

Vayamos por partes. DEPCSA es la empresa, dependiente de Endesa-Unelco, creada en su día para la gestión de sus intereses. Fue durante el mandato 1995-99, cuando se materializó la operación de una concesión administrativa del servicio de suministro de energía eléctrica. La empresa, según el pliego de condiciones que rigió aquel concurso, se comprometía a efectuar una serie de inversiones en determinado período de tiempo que mejorarían sustancialmente los recursos técnicos y materiales con los que garantizar y cualificar las consiguientes prestaciones. Entre esas inversiones, hasta donde alcanza la memoria, debía figurar la entrada en funcionamiento de unas dependencias que habrían de servir para atender las demandas de los usuarios, en forma de actualizaciones de pago, nuevas conexiones, reposición del servicio y otros servicios suplementarios. En efecto, las oficinas abrieron sus puertas y así permanecieron durante unos años en distintos emplazamientos de la localidad, hasta que ahora han cerrado, con el natural quebranto para los ciudadanos que precisen de los servicios. Ahora habrán de desplazarse a otra localidad para concretarlos y para resolver las diligencias necesarias.

Se dirá que estas oficinas ya no hacen falta. O que esos trámites se arreglan en internet. Como si todo el mundo tuviera ordenador o supiera manejarlo. Se dirá que la crisis también afecta -¡a las todopoderosas eléctricas!-, que hay que reducir gastos y que el volumen de demandas tampoco genera margen suficiente como para mantener abiertas unas oficinas. Se dirán esas y otras excusas, ¡sobre un servicio público! Y como si no importara nada el que parece ser un flagrante incumplimiento de un aspecto de la gestión de un patrimonio social que ha sido concesionado.

La representación institucional del PSOE portuense ha tomado la iniciativa, ha estado atenta en un asunto de clara repercusión social. Y ha puesto en el dedo en la llaga: prima la defensa de los intereses de la empresa privada.   Lo que son las cosas: en su día, cuando se consumó la controvertida concesión, preguntábamos a quién reclamarían los portuenses en caso de disfunciones, averías o interrupciones. Las respuestas, poco menos, negaban o apuntaban que eso era imposible y que cuestionarlo rozaba el disparate. Ya ven el episodio: han cerrado las oficinas comerciales

Seguro que confiaban en la infinita paciencia, en el conformismo ilimitado de los portuenses. Si quieren otra prueba, ahí está durmiendo el sueño de los justos una propuesta aprobada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento para difundir los supuestos beneficios del denominado Bono Social.

Sin remedio.