UNA DETERMINACIÓN CONSECUENTE

Quienes reclaman de los políticos decisiones consecuentes tienen en la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, un ejemplo: la crisis abierta en el gobierno andaluz a raíz de que Díaz determinase retirar provisionalmente las competencias en materia de vivienda al aliado Izquierda Unida (IU), después de que la consejera concediese las llaves de unas viviendas a unos okupas que habían sido desalojados, prueba que es necesario, por encima de todo, respetar el Estado de derecho. En este caso, parece claro que no es cuestión de saltarse la lista de espera, un requisito del procedimiento seguido para la adjudicación de viviendas de promoción pública.


Lo que ha hecho la presidenta andaluza es lo procedente, antes de que desde la Junta se proyectase una imagen de reinos de Taifas. El problema de la vivienda es muy serio: en todo el país se han vivido situaciones límite y desgarradoras. Los poderes públicos hacen lo que pueden con tal de mitigar la demanda creciente.

Pero hay que respetar las reglas de los procedimientos. Es lo que ha hecho Susana Díaz, consciente del calvario que aún ha de cruzar la Junta que preside a cuenta de las irregularidades en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Ha ganado credibilidad y ha demostrado que en la política de nuestros días, tan denostada, hay que obrar con firmeza.

Una precipitación que es un error por parte del aliado gubernamental no puede saldarse con la inhibición y con otro error, como hubiera sido mirar hacia otro lado o dejar que pasen los días hasta que escampe. Las normas están para cumplirlas y para ser respetadas: habría que afear cualquier conducta que no se corresponda con esos principios. La presidenta andaluza, seguro que consciente del alcance de su decisión, ha frenado una infracción que, de materializarse, hubiera significado un preocupante precedente. De momento, es una medida política la que ha impedido la materialización.

No se sabe ahora mismo cuáles serán las consecuencias de la crisis pero sí se conoce que tal medida sirve para medir la sensatez y para impedir males mayores. Aunque tenga un coste político. Al aliado gubernamental le corresponde ahora estar a la altura de las circunstancias.