LA IGUALDAD AÚN NO ES REAL

El diario El País publicaba hace unas fechas los resultados de una encuesta realizada por Metroscopia cuya conclusión es bastante llamativa: los ciudadanos entienden que la situación de las mujeres ha empeorado en tres años. El 68% de los interrogados afirma que aquéllas sufren discriminación: en 2011 lo afirmaba el 59%, o sea, nueve puntos por encima. En el mismo estudio se preguntaba quién tiene una vida más dura y difícil: las respuestas son igual de significativas: el 72% (frente al 67% de hace tres años) cree que las mujeres; un 18%, ambos por igual y el 9% responde que los hombres.

         Los datos, pues, ponen de relieve que aún queda mucho por hacer en nuestro país en materia de igualdad. Las mujeres, especialmente, se quejan del retroceso experimentado durante la presente legislatura, al entender que sus derechos sociales y laborales se han visto menoscabados, en tanto que han perdido libertad e igualdad y también protección frente a la violencia de género, pese al notable esfuerzo hecho por algunos gobiernos autonómicos y otras instituciones.

         La queja no es baladí si se tienen en cuenta consideraciones tales como que los salarios son más bajos que los percibidos por los hombres, factor que se repite con las pensiones. Las mujeres, según estudios que lo prueban, son mayoría entre quienes disponen de empleos temporales y mal pagados. El Gobierno de la nación tampoco ha favorecido mucho que digamos ese empeño de igualarse con los hombres. Se sienten, en definitiva, perjudicadas, al contrastarse que en derechos ciudadanos y servicios sociales hay una marcha atrás preocupante.

         El empeoramiento al que se alude en la encuesta señalada al principio trae causa también de la desprotección que las mujeres notan con la reducción presupuestaria (más de un 30%) operada en las políticas de prevención de la violencia de género. Disconformes también con la reforma del Código Penal que no protege lo suficiente a la mujer y a sus hijos menores, en tanto despenaliza o minora las penas de los agresores, el panorama se presenta preocupante si, al final, no se modifica el articulado de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local concerniente a los servicios municipales de ayuda a las víctimas.

         Y ya puestas, discrepan también de las restricciones aplicadas por el Gobierno en la Ley de Dependencia pues, en más del 90% de los casos, son las mujeres las cuidadoras de las personas dependientes o privadas de autonomía; sin olvidar que las mujeres mayores son las principales beneficiarias directas de la citada Ley.

         Sin dejar de tener en cuenta los progresos de años pasados en campos como el legal, el educativo, el político o el profesional, las estadísticas, las consideraciones y las circunstancias obligan a esmerarse en una lucha por la construcción de una sociedad mejor, más igual. Eso sí que es un reto del presente y del futuro, con tal de consolidar algunas conquistas que podrían hasta enorgullecer. Y en ese sentido, el factor educativo o formativo cobra una relevancia decisiva.

         Porque la igualdad aún no es real.