Integrar en un impuesto los ingresos por rentas del trabajo, del capital y la valoración del patrimonio, con el fin de gravar a cada contribuyente de acuerdo con su capacidad económica real para contribuir es una de las medidas que el PSOE quiere aplicar para reducir las desigualdades económicas.
Extraída de su pasada Conferencia Política, se incluye en una denominada Agenda contra la Desigualdad para reimpulsar políticas que ayuden, al menos teóricamente, a superar las brechas que se han venido abriendo en la sociedad española a lo largo de los últimos tiempos, derivadas de la crisis pero también de determinaciones de un ejecutivo conservador al que no ha importado profundizar en las mismas con tal de que los sectores que lo apoyan mantengan un estimable nivel de contento.
Esa integración de las rentas del trabajo, del capital y de la valoración patrimonial representa una aproximación al equilibrio y a la realidad: que pague quien más tiene. Naturalmente, la medida debe ser una de las que caracterice una reforma fiscal que propicie un aumento de la recaudación y garantice los recursos necesarios para mantener el Estado del bienestar.
Además, la reforma del Impuesto de Sociedades y la creación del Impuesto de Transacciones Financieras han de robustecer la lucha contra el fraude fiscal, algo en lo que se viene incidiendo dadas las cifras que se viene manejando y la dudosa eficacia de las medidas aplicadas hasta ahora para combatirlo.
Directamente conectada con la integración de la que hablamos al principio, figura también la eliminación o la drástica reducción de deducciones fiscales que se han mostrado regresivas y poco productivas, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades.
El caso es que la desigualdad cada vez más contrastada en nuestra estructura social necesita ser superada con políticas claramente progresistas. De lo contrario, aumentarán las brechas y el empobrecimiento será mayor.
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