Fue tajante Cristina Almeida días pasados: hay que defender
la política con pasión, como lo hace ella, con ese gracejo andaluz que hace más
atrayente el relato de su trayectoria. Sin remilgos también a la hora de
reivindicar la ideología como sustrato de cualquier posición que se quiera
defender. En tiempos que la política es sinónimo de desafección, en tiempos que
hay injustos rechazos generalizados hacia quienes se dedican a ella, cuando se
iguala a todos para extender la crítica, hay que agradecer la exposición de
Almeida. Sobre todo, porque ayuda a comprender los peligros de una sociedad
despolitizada o desmotivada, caldo de cultivo que siempre favorecerá a los
conservadores, a quienes, pase lo que pase, da igual los programas que para eso
van a ser incumplidos, siempre recibirán el apoyo electoral de los suyos.
Menos
política, menos democracia, menos participación: ésta es la síntesis de quienes
como la abogada y política andaluza vislumbran un panorama sombrío si no hay un
cuerpo social dispuesto a no entregarse ni a resignarse. Es lo que quieren
algunos: ir decidiendo para aburrir, para desencantar, para alejar a la
ciudadanía de lo que más puede interesar. Si para eso, tienen que abusar de
mayorías parlamentarias con las que fabricar leyes regresivas o emplear
fórmulas legítimas pero exentas de todo consenso y de toda consulta, lo hacen
también. Todo, con tal de que la política cada vez interese menos, genere
enconos cansinos, reduzca cauces de participación y resulte una actividad
molesta e indigna. La antipolítica, que dicen algunos.
Algo de todo
esto parece estar sucediendo en Castilla La Mancha donde la reforma de su
Estatuto de Autonomía es aprovechada por la presidenta María Dolores de
Cospedal para modificar la ley electoral de modo que se reduzca el número de
parlamentarios. Es evidente que la democracia y la representatividad se
resienten con esa medida. Ni siquiera la
reducción del gasto público con que se quiere justificar esa disminución puede
justificarla, mucho menos cuando luego se comprueba que hay otros derroches
para favorecer, seguro, clientelismo y enchufismo.
Sufre el
pluralismo democrático. Una cámara de representantes de la soberanía popular,
independientemente de las preferencias de los electores ante las urnas, siempre
será más rica en cuanto mayor sea la presencia de quienes concurrieron. Habrá
más puntos de vista, habrá más oportunidades para conocer capacidades y
criterios y habrá más opciones para contrastar de verdad modelos y
alternativas. Habrá más posibilidades de cumplir con la misión esencial del
legislativo, al tiempo que también resultará más eficaz la acción de
fiscalización al ejecutivo.
Pero de esto
no quieren saber nada Cospedal y el PP. En Canarias, donde se viene luchando
desde hace tiempo para modificar su propio sistema electoral, sugiriéndose una
modificación a la baja de las barreras o porcentajes de votos exigidos en las
circunscripciones, el caso de Castilla la Mancha se está siguiendo con interés,
entre otras razones por si los precedentes servirán en el futuro para
consolidar un bipartidismo o una presencia parlamentaria muy similar a la
actual. En las islas se quiere un Parlamento más plural, de ahí que, a la hora
de interpretar la iniciativa de la presidenta, algunos dirigentes políticos
canarios, como Ramón Trujillo (IUC), haya hablado de “golpe de Estado civil”, y
Pedro Quevedo (Coalición Canaria), tras recordar que Cospedal compatibilizó el
cobro de tres retribuciones públicas, lo haya hecho con una expresión tan
significativa como un “auténtico pucherazo político e institucional”.
Está claro
que se trata de procurar, en orden inverso ahora, más participación, más
democracia y más política.
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