Pues no, tampoco fue el viernes pasado cuando el consejo de
ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local. Se aguardaba con interés, especialmente en el ámbito
municipalista, pero quedó para otra ocasión. Se ha cruzado el ecuador del
mandato y se suponía, independientemente del curso de la tramitación
parlamentaria, que era un tiempo apto, aunque insuficiente, para que los
ayuntamientos, por un lado, hiciesen preparativos de futuro, adaptándose a la
nueva normativa; y para que, los partidos políticos, por otro, elaborasen
estrategias y fijasen posiciones en orden a superar notables incertidumbres que
envuelven la próxima convocatoria de comicios locales en 2015.
Hasta el
propio presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
Iñigo de la Serna, aunque cauto, se había mostrado esperanzado de que se
concretara alguno de los tímidos avances derivados del largo y tortuoso proceso
de negociación en el que las opciones políticas progresistas y nacionalistas,
por cierto, han hecho sonar tambores de disconformidad. El presidente de los
alcaldes españoles valoró esos avances, principalmente en lo que concierne a
“la definición del coste estándar, que pasaría a ser un elemento de referencia
y que con ello se suprimirían todas las grandes preocupaciones que existían en
cuanto a la pérdida de competencias”. Sin embargo, la asunción de éstas por
parte de una institución supramunicipal o la forma de prestar los servicios
mantienen unas incógnitas muy acentuadas. Sigue sin estar claro, desde luego,
ese coste, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los municipios.
Ya hemos
comentado que el dictamen del Consejo de Estado fue un auténtico varapalo para
el Gobierno. A ver cómo encajan sus directrices después de haber concluido que
se producía el menoscabo del principio de la autonomía municipal y después de
la incidencia que en el desenvolvimiento de las corporaciones locales han
tenido en el presente mandato la Ley de Estabilidad Presupuestaria y unos
planes de ajuste orientados a la materialización de pagos a proveedores.
Y a ver qué
se hace con esos criterios tan restrictivos o tan reduccionistas a la hora de
concebir el municipalismo del futuro. Al Gobierno le obsesiona el ahorro, la
austeridad. Y así lo ha reflejado en el texto original. Pero tengamos presente
que de los ocho mil ciento dieciséis ayuntamientos españoles, seis mil
ochocientos cincuenta tienen una población inferior a cinco mil habitantes. Hay
que consignar que frente a la realidad de varios casos en los que alcaldes
cobran más que el presidente del Gobierno o los ministros, en esos miles de
consistorios o no se cobra o se cobra muy poco.
Ha sido el
mensaje ultraeconomicista del ejecutivo: reducir para ahorrar. Pero la
supresión de concejalías sólo acarreará una representatividad menguada y menos
pluralidad en las instituciones. Se resentirá la democracia. Habrá menos
participación. ¿Es eso lo que quiere el Partido Popular? Todas esas mermas
repercutirán, por supuesto, en partidos pequeños, en agrupaciones de electores,
en formaciones de ámbito localista a las que resultará muy complicado poder
desarrollar los cometidos que parte de la ciudadanía les pueda haber confiado.
Tras el
nuevo aplazamiento de la reforma local, la incertidumbre se sigue
multiplicando. Todo hace suponer que, sin consensos básicos, y con el Gobierno
ocupado en otros menesteres prioritarios, la evolución de la tramitación en las
Cortes puede ser un proceso largo y tortuoso que complique aún más el porvenir
de la institucionalidad local española.
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