lunes, 25 de marzo de 2013

TOGAS Y PUÑETAS


Cierta política y una gestión de los recursos públicos, al banquillo o a prisión. Inevitablemente judicializadas, en todo caso. Preponderancia, pues, de togas y puñetas en el vértice noticioso de un país sacudido por las crisis que acentúan el rechazo a la política, arrastrando a sus actores y mermando la credibilidad. Tremendo esfuerzo hay que hacer para salir, para persuadir de que no todos son iguales y para acabar, en fin, con tanto comportamiento doloso germen de corruptelas y de la corrupción misma.
            Lo peor es que el personal no salga de su desconcierto. Claro que llama la atención el pugilato de dos magistrados por hacerse con el caso del ex tesorero del Partido Popular, cuya calderilla parece ser no más que un anticipo de uno de los asuntos más graves, dada su naturaleza, en la historia de la democracia española. A medida que se van dando pasos, se agigantan las dudas de la exclusión de Baltasar Garzón. Al desconcierto, por seguir en las mismas coordenadas, se suma la afirmación del ex tesorero y ex senador, que también fue cargo público el hombre: se acabó, no piensa declarar más ni hacer más pruebas caligráficas. ¿Estaba así en el guión? Habráse visto.
            La juez que investiga los presuntos fraudes en la tramitación y aplicación de los expedientes de regulación de empleo en Andalucía, después de otra operación policial saldada con más descubrimientos y más detenciones, ha determinado el ingreso en prisión de varias personas para proseguir y ultimar la instrucción. Los socialistas tendrán que redoblar sus esfuerzos para que sus denuncias e investigaciones, así como su probada colaboración con la justicia, y hasta la iniciativa política de la investigación parlamentaria, sirvan -a la espera de centrar y concretar las cantidades- para despejar las sombras y las dudas que cierto derechío mediático se encarga de magnificar.
            No acabaron ahí las decisiones judiciales de la semana pasada en el terreno político. Relevante es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo se reúna próximamente a puerta cerrada para revisar el veredicto popular que absolvió al ex presidente de la Generalitat de Valencia y al ex secretario general del Partido Popular de Valencia de un delito de cohecho pasivo impropio. Vuelven a temblar ciertos cimientos mientras se comprueba que la sombra de los trajes es alargada.
            Y no menos relevante, en fin, es que el secretario general de Convergencia Democrática de Catalunya y diputado de CIU al Parlament haya sido imputado por presunto delito de tráfico de influencias en un asunto de concesiones de inspección de vehículos -la ulterior delegación de funciones es una peculiar y acomodaticia renuncia y olé-; en tanto que el inefable presidente de la Diputación de Castellón, arrogancias aparte, tendrá que sentarse en el banquillo para ser juzgado por tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal, después de diez años de instrucción, por cierto.
            Al final, el aforismo romano: “Dura lex, sed lex”. Dura ley, pero ley. También en política.
            

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