NO MATEN AL MENSAJERO

Puede entenderse que, en su legítima defensa, el Partido Popular (PP) proponga medidas con las que intentar paliar el desaguisado. Pero los estrategas deberían contar con un estado mayor donde una de las máximas sea pensar y pensar antes de contratacar a los medios de comunicación, antes de arremeter contra el mensajero e incurrir en lo que tantas veces han criticado porque es lo que otros han hecho. Por supuesto, cada quien es libre de proteger su honor si considera que éste ha sido lesionado públicamente. Y de interpretar si se han traspasado los límites del artículo 20 de la constitución. Ya tienen los conservadores aquella experiencia de hace unos años cuando decidieron poner la proa a los medios del Grupo Prisa que no les fue tan positiva. Pero así como la mejor táctica de defensa es un buen ataque, según un viejo aforismo balompédico, en este caso, tales las circunstancias que concurren, no parece que sea buen recurso el empleo de acciones judiciales con las que pretender frenar la escalada de informaciones.

            Cierto que los elementos que se van acumulando hacen que el “Barcenasgate”, como ha sido bautizado el caso de la controvertida contabilidad del partido gubernamental a partir de la aparición de una cuenta millonaria en Suiza y del papel de su ex tesorero, Luis Bárcenas, sea difícil de tratar desde cualquier flanco. Y aunque los populares tienen los antecedentes del asunto Naseiro-Sanchís-Palop -es inaudito que Pedro J. Ramírez afirme que el comportamiento de entonces fue lo que catapultó al partido a la presidencia del Gobierno-, no es menos cierto que ahora hay múltiples aristas que complican el tratamiento y la defensa, sobre todo las que tienen que ver con el apremio de la credibilidad.

            En La Moncloa y en la sede de Génova tienen un problema, cada vez más agudo. Aunque cierren filas, la percepción de que en el partido gubernamental se libra una guerra interna sorda y sin cuartel es inevitable. Nadie lo ha ordenado pero un sálvese quien pueda circuló cuando el diario El Mundo publicó una información relativa a sobresueldos como práctica reservada habitual durante unos años. Es curioso pero el periódico no publicó pruebas de ese hecho. Sin embargo, que se sepa o haya trascendido de forma notoria, nadie ha anunciado acciones contra el medio por una información, cuando menos incompleta. Y delicada: la sustancia de una presunta comisión delictiva.

            Dejan El Mundo en paz. Al menos, por ahora. Por el contrario, el PP advirtió de acciones judiciales en plena emisión en directo de un programa de Tele 5, El gran debate. Claro: ese hecho tenía un significado que las organizaciones periodísticas profesionales señalaron a la hora de criticar la actitud de los responsables del Partido Popular: cortar, impedir la emisión del programa, frenar o restringir su continuidad… y sembrar para los demás. “Intento intolerable de censura previa”, llegó a afirmar el portavoz de la Asociación de Prensa de Madrid (APM), Nemesio Rodríguez. “Lo que no puede hacerse es evitar la emisión de un programa”, dijo por otro lado el dirigente de la Federación de Sindicatos de Periodistas de España (FSPE), Agustín Yanel. Antes de la emisión del programa, según se ha publicado, dirigentes conservadores avisaron al canal televisivo de que iban a estar muy pendientes de lo que se dijera. Fueron congruentes: cuando escucharon aquellos testimonios -basados, según la cadena, en lo publicado en El Mundo y otros periódicos-, lanzaron sus advertencias.

            Después fue el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, el que anticipara acciones legales contra el diario El País por una alusión en el contexto de lo que publicaba sobre los papeles de Bárcenas. Es lo único que se sabe, por cierto, del señor Aznar, presidente de honor, en medio del desaguisado. Si lo que ha ocurrido o está ocurriendo le merece alguna otra reflexión, al menos por ahora, se desconoce. Hasta Pedro J. Ramírez le afeó -¿sinceramente?- la iniciativa en una entrevista televisada.

            La publicación posterior en este mismo periódico de supuestos reflejos contables, anotaciones y cifras de puño y letra de Luis Bárcenas, también mereció, aunque comedidos, anuncios de estudio de iniciativas judiciales por parte de Dolores de Cospedal. Se puede entender como normales en medio del apocalipsis que vive la organización popular, necesitada de que escampe cuanto antes. Ya se verá en qué paran.

            La forma utilizada por el presidente Rajoy, es decir, aprovechar la comparecencia ante su comité ejecutivo, para que la ciudadanía quedase enterada de medidas a emprender o de apreciaciones políticas a exponer públicamente, es bastante discutible. En cierto sentido, es hasta humillante para el periodismo. Algún medio, consecuentemente, decidió no cubrir el acto en la sede del partido. ¿Para qué? En las redes sociales, la forma ha sido criticada sin reservas. Y alguien, atinadamente, escribió: “Sin preguntas, no hay periodismo”.

            Es verdad que esto no debe extrañar: desde el principio del mandato, desde el arranque del Gobierno, cuando lo anunció sin ni siquiera explicar la composición, y con alguna convocatoria posterior en la que tampoco ha admitido preguntas, se nota claramente que Rajoy prefiere eludir al periodismo. Por no recordar aquel bochornoso episodio de la salida del Senado por el garaje, esquivando cámaras, micrófonos y bolígrafos.

            En el PP deben ser conscientes de que no es cuestión de añadir más pimienta al pote, es decir, abrir nuevos flancos con demandas o querellas contra los medios de comunicación. Ocioso insistir en el papel de éstos en la sociedad de la información, en una democracia moderna y en un cuerpo social como el español al borde de la fractura. Pero es ineluctable insistir en lo importante que resulta la fiscalización de la cosa pública, cada vez más insuficiente, al menos en España, con los mecanismos de que dispone. O lo que es igual: ¿para qué hablar de transparencia si luego no se admiten preguntas tras la comparecencia de todo un presidente del Gobierno para que explique, ni más ni menos, si la contabilidad y las finanzas de su partido registran o no supuestas irregularidades? Tal como evolucionan las cosas: lo mejor que puede hacer el PP es debatir qué hacer con su ex tesorero, superar las diferencias intestinas y apuntar desde dentro en la búsqueda de soluciones.

Le han recordado -y no sobra, desde luego- a dirigentes del PP que Richard Nixon, en su inútil defensa cuando Watergate,  arremetió también contra la prensa, a la que culpabilizó y la tachó de irresponsable.

Luego pasó lo que paso.