MUNICIPALISMO EN PRECARIO

La presente legislatura pasará a la historia como la de los recortes y la corrupción política en medio de la recesión que ha cabalgado a galope tendido. Como la de la crisis de institucionalidad y de la liquidación del Estado de bienestar. Como un ciclo social, político y económico convulso, lleno de zozobras y plagado de penurias.

            A la agitación registrada en sectores como la educación, la sanidad o la prestación de los servicios sociales, hay que añadir ahora la que con toda probabilidad se registrará en el ámbito local, fruto de la reforma que emprende el Gobierno de Mariano Rajoy, amparado -y no es baladí la apreciación- en su mayoría parlamentaria, demasiado proclive, por cierto, al abuso absolutista.

            El consejo de ministros aprobó la semana pasada el texto de la pomposamente denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sometido de inmediato al dictamen del Consejo de Estado antes de iniciar su tramitación en las Cortes Generales. El acuerdo gubernamental cuenta, desde ya, con el desacuerdo del principal partido de la oposición y de la Federación Española de Municipios (FEMP), con quienes no hubo manera de acercar posiciones y conseguir unas bases mínimas de entendimiento. Ello hace prever más discordias y mucho ruido durante el procedimiento parlamentario.

            Así cabe deducirlo de la primera acogida que han dispensado al texto formaciones políticas y algunos medios. El sistema de financiación de las haciendas locales sigue siendo una asignatura pendiente al no consignarse novedades sustanciales en las fuentes de ingresos que vengan a paliar las pérdidas o el estancamiento de los recursos propios. Los cálculos de ahorro hechos sobre la base de reasignación de competencias o de gastos políticos, además de ser bastante discutibles, tampoco dibujan despejados horizontes económico-financieros.

            Y a ello cabe añadir la cada vez más flagrante vulneración de la autonomía local. La repesca de la tutela de administraciones supramunicipales es la demostración más inquietante de la regresión que caracteriza la entrega original de la norma. Es como si en ese afán reformista del partido gubernamental latiera un ánimo de acabar con todo. El problema es que esa pretensión propicia la reaparición de fenómenos como el caciquismo. Ni la teórica potenciación de fórmulas mancomunadas de prestación de servicios despeja tales perfiles caciquiles.

            Por otro lado, una primera fase del aterrizaje de la iniciativa del Gobierno en la opinión publicada ha generado titulares que inspiran negros nubarrones. Que un elevadísimo porcentaje de concejales se quede sin régimen retributivo contribuye al desconcierto y produce un efecto disuasorio entre quienes piensen dedicarse a la cosa pública. Cierto que para muchos resultaba un trabajo o un medio de vida y cierto también que en alguna percepción de haberes se han cometido auténticos abusos. Pero para eso se puede establecer -y pactar, sobre todo pactar- una tabla racional que siente a las claras los límites y las opciones. Nadie se opone a la racionalización de medidas en el ámbito local y mucho menos las que afecten al gasto político. Pero planteado así, hasta se deja entreabierta la puerta de las tentaciones, esa que nunca se cerró, es verdad, pero que ahora parece más accesible. El dato inicial de un ahorro del 3% en cargos y sueldos es, en ese sentido, llamativo.

            No parece que la nueva norma llene de satisfacción al municipalismo, precisamente. Ni siquiera a los propios alcaldes del PP. A ver cómo les convencen de las supuestas bondades de la reforma. Ya pulsaremos las reacciones a medida que se vayan conociendo más detalles y se vaya interpretando el texto articulado. Es seguro que una buena parte de la controversia se centrará en la privatización de los servicios públicos municipales, un recurso que se guardaba el Gobierno para contentar y tranquilizar a la iniciativa privada. En un plazo de cinco años, los ayuntamientos deberán cambiar la titularidad de las competencias de sanidad y educación, que pasarán a ser exclusivas de las comunidades autónomas, en tanto que disponen de un año para devolver asuntos sociales.

Incertidumbre en Canarias

            Por lo que a Canarias concierne, el rechazo será notorio si tenemos en cuenta las posiciones anticipadas por los munícipes de las islas, en su inmensa mayoría aglutinadas en torno a la Federación Canaria de Municipios (FECAM). La norma no recoge el hecho insular diferencial canario y omite algunas especificidades, circunstancias que favorecen un alejamiento de los ciudadanos a las administraciones que más cerca tienen para la canalización de sus demandas. He ahí otra prueba de la vulneración de los principios de autonomía.

Y para preocupar, desde luego: recordemos que son sesenta y uno los municipios con población inferior a los veinte mil habitantes y que, de acuerdo con lo dispuesto en el texto aprobado por el Gobierno, tendrán que ceder los servicios a otra institución, en este caso, los cabildos, cuando incumplan su prestación o cuando haya contrastadas dificultades económicas que impidan o dificulten una prestación regular y estable.

En fin, que en las islas, a la vista de las precariedades que se barruntan, también habrá ‘movida’ municipalista.