En la cadena SER, hoy, desde temprano, van procesando la noticia: la empresa a cuyo consejo de administración pertenece Juan José Güemes, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se queda con la gestión de los análisis clínicos que él mismo privatizó. Güemes fue consejero entre 2008 y 2010, cuando Esperanza Aguirre presidía a los madrileños.
En la lentitud de la cola de la autopista, la reflexión es clara, por muy legítima y ajustada a derecho que haya sido la operación: interpretan la salud como una mercancía. Les da igual todo con tal de obtener beneficios.
La empresa a la que pertenece Güemes -informan en la SER- podrá ahora beneficiarse de la privatización que él mismo aprobó en 2009 y que justificó "por criterios de ahorro", ya que con la compra efectuada por su empresa Unilabs (que ha comprado por 5 millones de euros el 55% que el grupo Balagué tenía en la UTE) aumenta exponencialmente su red gestión de servicios públicos sanitarios ya que con anterioridad gestionaba los laboratorios del Hospital de Torrejón en Madrid y de los Hospitales de Denia, Torrevieja y Elche en la Comunidad Valenciana.
Ahora llegarán las justificaciones y las excusas. Da lo mismo: en pleno proceso de privatización de la sanidad madrileña, con una protesta y una resistencia dignas de admiración, esta información pone al desnudo que la asistencia sanitaria, para muchos, y especialmente para la insufrible derecha gubernamental, es un negocio. Y ahí está el copago del euro por receta como prueba más reciente.
Pero ésta de ahora mismo, la gestión de los análisis clínicos en manos de quien la privatizó, revela que, ya puestos, y con voracidad insaciable, hay que seguir y seguir.
Después se quejan de que algunos hablemos de mayoría absolutista. Y de que la gente, profesionales a la cabeza, compruebe que no tienen escrúpulos y exteriorice su repulsión.
Al hecho (privatización) y a los métodos, por supuesto.
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