Una sentencia condenatoria, una dimisión: es el caso de Agustín Padrón, ya ex alcalde de Valverde y ex parlamentario del Partido Popular por la circunscripción de El Hierro. Autor de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Según fue conocida la resolución, así fue presentada la renuncia a sus cargos, aunque aquélla sea apelable.
La secuencia, por tanto, es tan lógica como fluida. Es probable que a algunos llame la atención la dimisión ‘ipso facto’ y hasta que se alardee de ello como si fuera un ejemplar acto de heroísmo. No: ha ocurrido, sencillamente, lo procedente. Cierto que, acostumbrados a que la dimisión no se prodigue, a que haya exceso de tolerancia y de condescendencia en algunos casos, y a que se agoten los recursos con tal de hacer valer la presunción de inocencia y de aferrarse al poder, se viene aceptando y aguantando situaciones verdaderamente insólitas, de modo que cuando algunos toman determinaciones consecuentes -como la que ha hecho Agustín Padrón- ello resulte, cuando menos, atípico.
Si en el pasado, ese dejar hacer/dejar pasar, fue la tónica, las circunstancias del presente, con el rechazo hacia la política y los políticos al galope tendido, inspiran lo contrario. Sin mermar para nada la legítima defensa de cualquier encausado, la situación para los cargos públicos envueltos en contenciosos judiciales ha cambiado sustancialmente. Se les exige al máximo y no se le toleran desvíos o infracciones, sobre todo, cuando están probadas. De ahí que el paso dado por el ex alcalde y parlamentario herreño sea de lo más consecuente y natural.
Por cierto, la sentencia, que afecta también a un teniente de alcalde de la misma corporación responsable del urbanismo, ha tardado trece años en producirse.
Ese sí que es un problema grave.
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