lunes, 18 de junio de 2012

AUTONOMÍA MUNICIPAL


Todo da a entender que el ámbito de lo local será un nuevo escenario de la pugna política entre los dos principales partidos políticos del país. El gubernamental, desde la secretaría de estado para las Administraciones Públicas, ya ha avanzado intenciones que no gustan a los socialistas en la oposición: está en juego la autonomía municipal, o lo que es igual, un retroceso que alcanza, según las primeras interpretaciones, la mismísima intervención de los ayuntamientos.
            El problema no es sencillo pero hay que abordarlo en un contexto de recesiones y dificultades que obligan a un proceso de revisión del papel de las administraciones públicas, cada vez más condicionadas -por sus limitadas fuentes de ingresos-  en la prestación de los servicios, básicos y complementarios, y en su propia capacidad inversora. Sería bueno y deseable que la pretendida reforma de lo local se asentara en un sistema de financiación sólido y estable pero no parece que haya muchos elementos de acuerdo, pese a que las circunstancias sean similares en corporaciones de distinto signo político.
            En cualquier caso, los municipalistas deben saber que están ante un paso determinante para afrontar el porvenir. Puede darse por concluido un ciclo en el que, más allá de los liderazgos personales de los alcaldes, las cosas se han venido haciendo de una manera que ya se hace insostenible. Si al final del proceso, por ejemplo, se materializa una redimensión de competencias, si prospera, como se espera, la externalización de servicios, no harán falta, seguro, tantos concejales con dedicación exclusiva. El malestar de la ciudadanía, reactivo de sus exigencias de austeridad y contención del gasto, es otro factor de presión que los partidos políticos deben tener en cuenta no ya para ver cómo sortean la elaboración de las próximas candidaturas sino para persuadir con esquemas de funcionamiento operativos y ajustados a los tiempos que corren, en los que hay que seguir dando respuestas a la ciudadanía.
            Claro que ese es un terreno también peligroso pues a la reducción o supresión de competencias hay que sumar la perdida de autonomía que se traduciría, ineluctablemente, en configurar los ayuntamientos como meros instrumentos administrativos. Y entonces podría ser peor el remedio, porque hay que dar respuesta a cuestiones pendientes como la proporcionalidad poblacional representativa en los consistorios, las alternativas a la fusión o desaparición de municipios en forma de mancomunidades de servicios, la idoneidad del régimen electoral específico (incluyendo elección de alcaldes y censura) y los corsés derivados de la estabilidad presupuestaria.
            Ni alcaldes ni ediles, seguro, quieren ver disminuido el papel institucional. Ni elementales instrumentos de gestión administrativa ni administraciones de segunda. Si los planteamientos en la propuesta del Gobierno propenden en esa dirección, no sólo se estaría dando otro paso en el desmantelamiento de los servicios públicos sino que se acentuarían los fantasmas de la tutela propios de otra época.
            Si esa es la modernidad…

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