El político herreño Manuel Fernández, buen amigo desde los tiempos en que intercambiábamos puntos de vista sobre lucha canaria en la radio, ha lanzado uno de esos órdagos desconcertantes: se muestra partidario de suprimir los cabildos de Tenerife y Gran Canaria. En pleno debate dela racionalización de las administraciones públicas, de los recursos para financiar las instituciones y hasta del régimen retributivo de los empleados públicos, va Fernández y suelta que las islas capitalinas se queden sin cabildos, que las competencias de éstos se gestionen y se desarrollen en dependencias del Goibierno autónomo y de los ayuntamientos. Allí donde no hay tales dependencias en las islas no capitalinas, que sigan prestando sus servicios los cabildos.
En otros tiempos, se hubiera dicho que lo de Fernández es un disparo a la línea de flotación del edificio institucional canario. Ahora, parece que se trata de otro golpe de improvisación con que el Partido Popular maneja las reformas que quiere acometer en tiempos de penurias, a base de eso, de reducciones y restricciones. Otra ocurrencia, vamos. Una compañera de filas tachó de chiringuito hace poco el ámbito de la Comunidad Autónoma donde hay que hacer políticas y tampoco ha pasado nada.
Si acaso, que una y otra afirmación es como si revelaran que el Partido Popular no cree en la estructura institucional que tantos esfuerzos ha costado ir consolidando. Quede lo del chiringuito como el enésimo menosprecio, ahora que no gobiernan los nuestros, pero más preocupación sí que despierta el planteamiento de Manuel Fernández que será consciente de lo que significa su hipotética y casi -en los tiempos que vivimos, y en la política canaria más,todo tiene un casi- viabilidad
¿Qué se hace? Porque los cabildos son instituciones de la Comunidad Autónoma y ya sabemos del aprecio popular que gozan. Nada nuevo que añadir en ese sentido. Que haya cinco, en vez de siete, tiene difícil encaje. Revisión, cuando menos, del Estatuto de Autonomía. ¿Se atreverán los populares con un debate de ese envergadura, a sabiendas, por ejemplo, de que José Miguel Bravo de Laguna preside el Cabildo de Gran Canaria? Se antoja un difícil por no decir imposible consenso. Ítem más: ¿qué hacer, Fernández, con todos los empleados públicos de los dos cabildos de las islas capitalinas? ¿A quién endosárselos: al Gobierno autónomo, a los ayuntamientos?
Unas cuántas incógnitas, sí, derivadas del charco en que se ha metido Fernández, no se sabe muy bien si para desviar los focos de otras cuestiones vidriosas o porque, ciertamente, es el primer paso -a ver qué pasa- de algún intento de desmantelamiento de parte del ala cabildicia del edificio institucional. Total, ya insinuó algo Esperanza Aguirre en Madrid con la devolución de determinadas competencias al Estado. Rajoy despachó el asunto con desautorizante elegancia.
¿Hasta dónde llegará lo de Manuel Fernández?
Veremos.
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