martes, 20 de marzo de 2012

LITORAL AMENAZADO

A medida que cobra cuerpo el debate sobre las prospecciones petrolíferas en las cercanías de las islas y se incide, por sus detractores, en los riesgos medioambientales, va pasando inadvertida la intención del Gobierno de España de reformar la Ley de Costas. Debería ocurrir lo contrario: los anuncios hechos por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, alusivos a la voluntad de compatibilizar la norma con el desarrollo de actividades económicas o comerciales, apenas han encontrado contestación en una sociedad que desde hace años viene mostrando su oposición a nuevas infraestructuras costeras que dañen o afecten espacios y bienes naturales. Es natural: se han cometido auténticos destrozos en algunos sitios y se trata de evitar la reiteración y la destrucción total e irreversible.
Máxime cuando el litoral es un bien común, digno de ser protegido. En todos los sentidos. Es lo que perseguía la Ley de Costas de 1988: quería poner orden y frenar los desmanes que se venían sucediendo. Estableció la delimitación de las zonas consideradas de dominio público marítimo-terrestre, prohibía la construcción en las mismas y favorecía la existencia de edificaciones previas como concesiones estatales durante un plazo de treinta años, prorrogables hasta sesenta, antes de liquidarlas.
La aplicación de esta norma no era sencilla. En Tenerife, por ejemplo, había situaciones delicadas como el núcleo urbano consolidado de Punta Brava, en el Puerto de la Cruz. O el de Chovito, en Candelaria, aún por dirimir en los tribunales. Sin olvidarnos del célebre hotel de El Médano, en Granadilla. Ni de otros sectores poblacionales que, a base de chabolismo, necesidades, tipos de vida y bonanzas climáticas, surgieron en puntos costeros de varias islas. Algunos, por cierto, fueron literalmente demolidos después de largos procesos administrativos y no menor resistencia de los afectados.
La colisión entre la realidad fáctica y el ideal legalista era evidente. Hasta el propio Partido Socialista, que impulsó la Ley en gobiernos de Felipe González, sufrió en propias carnes la división que significaba el respeto al cumplimiento del Estado de derecho. Pero el litoral es de todos y entre todos hay que procurar recuperarlo y salvarlo. Ni el urbanismo salvaje e incontrolado ni el crecimiento ni las servidumbres inevitables merecen la condescendencia en forma de vista gorda de las autoridades. Tan sólo el riesgo, más que evidente, de los vertidos directos al mar merecía -y merece- estar en guardia y operar con todos los mecanismos preventivos al alcance.
Los resultados de la aplicación en el litoral del país son significativos: el Tribunal Constitucional avaló la Ley, la Administración ha ganado la mayoría de los contenciosos promovidos por los afectados y un 95% de la costa ha sido deslindado. Pero el gobierno popular que va a cumplir cien días de ejercicio parece empeñado en utilizarla, supuestamente para tener otra opción de salida de la crisis. Ya no sólo es el aprovechamiento de playas, calas o similares para cenas amenizadas o conciertos y actividades en la orilla o en las rocas sino que el trazado de los deslindes y hasta la inseguridad jurídica ‘cobrada’ por los titulares de construcciones que eran legales antes de 1988 son razones para revisar la norma, con unos criterios de laxitud, por tanto, que invitan a pensar ya en la anarquía y en evidentes perjuicios.
Ni siquiera los hipotéticos beneficios a corto plazo en un escenario de reactivación económica inspiran el favorecimiento de la duda. El deterioro de zonas costeras se acentuará, ya lo verán. Unos interpretarán que tal franja les pertenece y estaremos ante casos de pseudoprivatización; mientras otros creerán que todo el mar es tan ancho como para aguantar lo que le echen. A la larga, será el propio sector turístico el más amenazado y dañado.Mientras no se acepte que el litoral es un bien merecedor del máximo cuidado desde cualquier punto de vista pero especialmente el medioambiental, un bien de todos y que todos deben cuidarlo, con una cultura cívica de prevención a prueba de presiones, difícilmente podrán evitarse los perjuicios que una revisión de manga ancha de la Ley de Costas producirá.

Al tiempo.


Publicado en Tangentes, número 44, marzo 2012.

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