La primera de las conclusiones que se obtiene de la auditoría practicada a la institución que presidía Antonio Alarcó cuando era vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife es que él y su grupo debieron asistir al pleno en que iba a ser tratada. Siquiera para defenderse, siquiera para rechazar algunos resultados o interpretaciones, siquiera para dar una mínima explicación. Y si no todo el grupo, pues haber decidido que uno de sus componentes estuviera allí físicamente, al menos para aguantar las andanadas de cuerpo presente y leer un folio con cuatro cinco argumentos que permitieran salvar la cara. Hasta que escampe, que ya se verá.
Y es que los pueblos, los electores quieren a sus representantes en las instituciones. Les ponen ahí para que acudan. A defender ideas, a presentar proyectos, alternativas o enmiendas, a fijar posiciones que luego han de ser referencia. No les eligen para que se ausenten o para que se marchen, que es una decisión siempre reprobable.
En este caso, además, con la circunstancia agravante de que fueron a acompañar a Mariano Rajoy en su fugaz -y platanera- visita a la isla. Ya es coincidencia, ya. Ya es mala suerte. Porque, quiérase o no, una lectura que se hace es la de anteponer los intereses partidistas al deber de responder a una convocatoria institucional. La de querer agradar al líder y contarle, aunque sea a vuelapluma, lo perversos que son los socios gubernamentales del Cabildo.
Ha hecho mal el Grupo Popular en ausentarse. Curioso, porque unos días antes del pleno la misma formación política criticaba severamente que el pacto CC+PSOE en el Gobierno de Canarias rechazara una iniciativa suya para controlar el gasto. En el caso que nos ocupa, habrán valorado, un suponer, y se habrán dicho que el coste era menor que haber asistido y contribuir a engordar un debate con más que perder que ganar. Y aunque haya otras oportunidades más adelante para teóricamente resarcirse, a pesar del canto victimista de instrumentalización contra un candidato al Senado en plena campaña electoral -como si eso no lo practicara el partido al que pertenece en cualquier momento-, esta tocata y fuga tendrá siempre su reproche.
La segunda de las conclusiones, tan sólo con los resultados parciales conocidos de la auditoría, es que el responsable es un muy mal gestor de los recursos públicos. Se trata de un trabajo encargado a un firma externa. El que muchos gastos no guarden relación con la finalidad o la actividad de la Fundación Canaria de Salud y Sanidad de Tenerife es lo suficientemente revelador de cómo no se debe administrar.
Y la tercera, acaso la más importante: por primera vez en la historia del Cabildo tinerfeño desde la restauración democrática, la institución se ve afectada en una de sus divisas intocables: las finanzas. Hasta la fecha, salvo tímidas e inapreciables incursiones de grupos de oposición o de consejeros, los presupuestos y las cuentas del Cabildo, su misma situación económico-financiera, apenas se han visto sacudidos por los vaivenes de debates en los que se cuestionara la evolución.
Pues bien, con el asunto Alarcó se ha abierto una brecha de imprevisibles consecuencias políticas. Porque el actual grupo gobernante habrá de tomar una determinación con la auditoría: enviarla al fiscal si interpreta que las irregularidades e indicios son constitutivos de alguna comisión delictiva.
El problema es que no hacerlo, después de lo que se ha destapado, puede leerse en clave de inhibición cómplice o de extraña componenda. Y eso sí que sería manchar el nombre de la institución. Tan malo como la ausencia de los populares en un pleno donde se darían a conocer los “brillantes” resultados de su gestión y ellos no estaban allí para ponderarlos.
Y es que los pueblos, los electores quieren a sus representantes en las instituciones. Les ponen ahí para que acudan. A defender ideas, a presentar proyectos, alternativas o enmiendas, a fijar posiciones que luego han de ser referencia. No les eligen para que se ausenten o para que se marchen, que es una decisión siempre reprobable.
En este caso, además, con la circunstancia agravante de que fueron a acompañar a Mariano Rajoy en su fugaz -y platanera- visita a la isla. Ya es coincidencia, ya. Ya es mala suerte. Porque, quiérase o no, una lectura que se hace es la de anteponer los intereses partidistas al deber de responder a una convocatoria institucional. La de querer agradar al líder y contarle, aunque sea a vuelapluma, lo perversos que son los socios gubernamentales del Cabildo.
Ha hecho mal el Grupo Popular en ausentarse. Curioso, porque unos días antes del pleno la misma formación política criticaba severamente que el pacto CC+PSOE en el Gobierno de Canarias rechazara una iniciativa suya para controlar el gasto. En el caso que nos ocupa, habrán valorado, un suponer, y se habrán dicho que el coste era menor que haber asistido y contribuir a engordar un debate con más que perder que ganar. Y aunque haya otras oportunidades más adelante para teóricamente resarcirse, a pesar del canto victimista de instrumentalización contra un candidato al Senado en plena campaña electoral -como si eso no lo practicara el partido al que pertenece en cualquier momento-, esta tocata y fuga tendrá siempre su reproche.
La segunda de las conclusiones, tan sólo con los resultados parciales conocidos de la auditoría, es que el responsable es un muy mal gestor de los recursos públicos. Se trata de un trabajo encargado a un firma externa. El que muchos gastos no guarden relación con la finalidad o la actividad de la Fundación Canaria de Salud y Sanidad de Tenerife es lo suficientemente revelador de cómo no se debe administrar.
Y la tercera, acaso la más importante: por primera vez en la historia del Cabildo tinerfeño desde la restauración democrática, la institución se ve afectada en una de sus divisas intocables: las finanzas. Hasta la fecha, salvo tímidas e inapreciables incursiones de grupos de oposición o de consejeros, los presupuestos y las cuentas del Cabildo, su misma situación económico-financiera, apenas se han visto sacudidos por los vaivenes de debates en los que se cuestionara la evolución.
Pues bien, con el asunto Alarcó se ha abierto una brecha de imprevisibles consecuencias políticas. Porque el actual grupo gobernante habrá de tomar una determinación con la auditoría: enviarla al fiscal si interpreta que las irregularidades e indicios son constitutivos de alguna comisión delictiva.
El problema es que no hacerlo, después de lo que se ha destapado, puede leerse en clave de inhibición cómplice o de extraña componenda. Y eso sí que sería manchar el nombre de la institución. Tan malo como la ausencia de los populares en un pleno donde se darían a conocer los “brillantes” resultados de su gestión y ellos no estaban allí para ponderarlos.
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