En pleno tránsito hacia el noveno mandato municipalista -con toda cordialidad: a ver si se maneja definitivamente bien ese concepto, el de mandato, y se deja de aplicar legislatura a los ciclos de los ayuntamientos- y cuando los resultados electorales del pasado 22M abrumaron la incertidumbre que pesa sobre una ciudad anquilosada, en la que predominan la inestabilidad y crispación política, en pleno tránsito, decíamos, se registra una reunión de la Junta Rectora de Consorcio para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz que fue concebido para revitalizar un municipio en sus vertientes urbanística y turística.
A él nos hemos referido como el último tren, como la última oportunidad para salir del marasmo. La participación de las administraciones públicas y la provisión de recursos son, sobre el papel, una válvula de seguridad con la que trabajar sin demora pero con realismo, sin saltos en el vacío, sin improvisaciones, con un mínimo de planificación y con evidentes propósitos de superar aquellas trabas que se han enquistado hasta multiplicar el escepticismo y la decepción, sobre todo en la ciudadanía.
El presupuesto para el presente año asciende a ocho millones de euros. Aprobarlo en el mes de junio parece tardío pero ya conocen algunas de las circunstancias que concurren en la puesta en marcha del Consorcio. El sector turístico -siempre expectante pero que debe invertir su tradicional pasividad- también aguardaba los primeros resultados pues cualquier intento de revalorizar su oferta pasa por presentar un producto distinto, más actualizado y con innovaciones capaces de captar segmentos de mercado.
La Junta Rectora del Consorcio, según informaciones periodísticas, aprobó quince propuestas de actuaciones a ejecutar en lo que resta de año, entre las que se encuentran la rehabilitación y acondicionamiento del castillo San Felipe y su entorno; la regeneración y mejora del paseo de Los Cipreses y nuevo mirador de La Paz; la remodelación del parque San Francisco; el complejo deportivo de San Felipe; la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la Casa Amarilla con la calificación para uso dotacional del sitio histórico y su entorno y reconstrucción del inmueble; la ordenación urbanística pormenorizada del ámbito del parque marítimo; el desarrollo de la estación de guaguas; los aparcamientos subterráneos en la plaza de la Constitución y Punta Brava; el reacondicionamiento de la carretera del Este y mejora del paseo San Telmo, entre otras.
Como es fácil comprobar, de muchas de estas actuaciones se viene hablando desde hace años. De ahí que, al comprobar los escasos avances, la gente haya aumentado su escepticismo. Demasiada lentitud. Es verdad que el Puerto de la Cruz, históricamente y salvo excepciones, como Playa Jardín, no ha tenido mucha suerte con las obras públicas pero eso tiene que empezar a dejarse de ser una mera disculpa. Sólo el tesón y la continuidad posibilitarán la culminación de aquellas iniciativas orientadas a una nueva realidad urbana y a un enriquecimiento del producto turístico. Se trata de hacerlo más competitivo.
El Consorcio, por otro lado, tiene que funcionar con recíproca lealtad de las administraciones cuyos representantes se sientan en su mesa. Hay que expresarlo en términos de deseo: ojalá que las diferencias políticas no sean un obstáculo. Está en juego la supervivencia de un destino turístico. Tiene mucho trabajo y es todo un reto el que está planteado para sus responsables, luego se trata de que la población perciba la eficacia y que es factible, sí, el principio de cooperación interadministrativa.
Quienes lo hemos defendido desde hace años, sin que hubiera muchos respaldos por cierto, ahora sólo tendremos que congratularnos al palpar los resultados.
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