lunes, 31 de enero de 2011

DE CIFRAS Y PACTO SOCIAL

El final de la cuesta coincide con los más que preocupantes datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre el paro y el satisfactorio pacto sobre las pensiones alcanzado entre el Gobierno y las centrales sindicales. Así como los primeros ponen de relieve que el problema estructural, especialmente en Canarias, va a tener una muy difícil solución -las declaraciones del presidente Rivero sobre el particular no pasan de autos de fe-, el acuerdo sobre ese aspecto concreto de la reforma laboral despeja no pocas incertidumbres y hasta un problema político y social de envergadura, aunque nadie parezca estar plenamente satisfecho con la letra, si bien a todos les gusta la música.

Un breve repaso a los datos de la EPA facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. Canarias cerró 2010 con trescientos catorce mil parados, una tasa del 28,96% que, diez puntos por encima de la media nacional, es la mayor del Estado. Las cifras del último cuatrimestre son reveladoras: cuatro mil doscientos desempleados más que el mismo período del año anterior, un aumento del 1,34%. Rivero apela desesperadamente a los empresarios pero como parche no encuentra otro que recuperar al sector de la construcción ligándolo a la rehabilitación turística. Si esta depresión, después de tanto hablar de nuevo modelo productivo, de inyecciones y de mejoras en la formación, sólo ha servido para volver a construir o reedificar -por mucho que se diga lo de “sin consumo de suelo”- estamos arreglados. Desde luego, independientemente de que medidas que favorezcan determinados tipos de contratación puedan surtir efectos positivos tangibles, el presidente canario acierta cuando señala que “no hay que incurrir en la autocomplacencia”. Y que tome nota, por cierto, del enésimo desmarque de quien fuera su vicepresidente, José Manuel Soria, quien sufre un ataque de “olvidaditis” al proclamar que la situación en Canarias pasa por un cambio de gobierno, como si las políticas de empleo no fueran competencia de la Comunidad Autónoma y como si su partido no hubiera compartido responsabilidades en ese terreno.

Después de que el Congreso de los diputados aprobase las recomendaciones del Pacto de Toledo y de las arduas negociaciones en las que terminó involucrándose el mismísimo presidente del Gobierno, fue posible alcanzar un pacto social sobre pensiones que mañana martes quedará escenificado con su rúbrica. Las partes negociaron pensando más en llegar a un entendimiento que en producir más distanciamientos o rupturas. Y lo que está en juego es demasiado serio como para andarse con más bizantinismos.
Se trata de un acuerdo de largo alcance. Por consiguiente, teóricamente, sus bases aportan la estabilidad necesaria para despejar la incertidumbre -interesadamente azotada por algunos- sobre un colapso del sistema y para dejar fuera de las coordenadas de los debates políticos y electorales un asunto que afecta a tanta gente y que interesa a todos. Esas bases, además, seguramente serán perfectibles o mejorables en el curso de la tramitación parlamentaria.

De ser así, cristalizaría una paz social que, teniendo en cuenta varios testimonios, no significa la felicidad plena pero propicia que todos se sientan moderadamente satisfechos, lo cual, en una época como la que nos ha tocado vivir, no deja de ser un alivio o una alegría tranquilizadora.

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