Debió ser a principios del año 2007 -recta final pues del mandato que se había iniciado cuatro años antes- cuando el gobierno local propició una decisión sobre el proyecto del puerto del Puerto de la Cruz, cuando menos, controvertida.
Hasta donde la memoria alcanza -habría que rescatar documentación para verificar algunos términos y precisar con exactitud-, la artificialidad de la medida tenía el bonancible disfraz del desbloqueo o del avance para acercar la materialización del proyecto. Pero en realidad, se trataba de aniquilar un existente convenio marco de las tres administraciones (autonómica, insular y local) que salvaguardaba el patrimonio municipal y que establecía un consorcio coparticipado que gestionara el desarrollo de una actuación singular estructurante que debía ser el revulsivo de la reactivación económica del municipio. Aquella determinación significó ceder competencias y patrimonio municipal -sobre todo, patrimonio- al Gobierno de Canarias con el fin de que éste, convertido en titular, pudiera ejecutar, aparentemente ya sin obstáculos, una actuación infraestructural sobre la que tanto se ha escrito y debatido desde tiempo inmemorial.
El Grupo Municipal Socialista de entonces se opuso a esa medida, sin que ello significara voluntad de obstaculizar. Al contrario, en el mandato 1999-2003, con el debido respaldo técnico, dejó aprobado ese convenio marco que habría de favorecer el desarrollo de la actuación, preservando los pasos dados hasta entonces y asegurando el principio de cooperación interinstitucional para garantizar la continuidad y ajustarse al modelo de ciudad que buscaba innovar y cualificar su oferta turística. La alternativa del gobierno de entonces, sin ni siquiera garantizar que un pliego de condiciones plasmaría la valoración económica del patrimonio, no sólo sigue sin aparecer sino que se torna inviable a pesar de algún “anticipo” político relativo al comienzo de las obras de este mismo año.
La posición de la representación institucional del PSC-PSOE se basaba en la importancia que tenía para la ciudad aquella franja de terreno ganada al mar, noventa y cinco mil metros cuadrados, un auténtico diamante por pulir (en feliz definición de Antonio González Pérez, que pensaba en el limitado recurso del suelo), y que, partiendo de la renuncia de la concesión administrativa, requiere aún otros trámites importantes, entre ellos la elaboración de un plan director de usos en el que la aportación del ayuntamiento es esencial, para así propiciar el desarrollo de la actuación de forma armónica y, a ser posible, ensamblada con un puerto pesquero-deportivo y, dependiendo de las posibilidades de construcción, añadiendo el uso comercial al proyecto.
La franja aludida había sido financiada con recursos propios (unos novecientos millones de pesetas) y era objeto de una concesión administrativa por cincuenta años. El dominio público marítimo-terrestre afectaba también al campo de fútbol El Peñón, propiedad municipal, y a la actual piscina deportiva municipal, por lo que en el debate plenario de entonces, el Grupo Municipal Socialista planteó la ineludible necesidad de resaltar y hacer una valoración sólida de tales hechos: concesión, terrenos municipales e inversión propia. Cualquier fórmula o acuerdo, cualquier negociación, debía contener tal premisa.
Comoquiera que no había garantías -independientemente de otros trámites que habrían de ‘amarrar’ la realización del proyecto para no someterla a subterfugios y trabas burocrático-administrativas- y, desde luego, se despreciaban los antecedentes del convenio marco, la posición del Grupo Municipal Socialista -que dejó bien claro que compartía la aspiración popular de contar con un puerto, pero sin renunciar a activos patrimoniales- fue de oponerse a la vía escogida por el gobierno local, que fue la del protocolo.
Ahora se anticipa -de nuevo en el tramo final de un mandato- que el actual gobierno municipal (CC+PP) promueve en el pleno la renuncia a la concesión (deben quedar unos veintiocho años) con el beneficioso supuesto de desbloquear y acelerar la ejecución de las obras. Eso significa, en la práctica, que Costas adscriba los terrenos al Gobierno de Canarias. Inaceptable.
Y es que la decisión, por muy buenas intenciones que la sustancien, es infeliz. Parece más efectista y apremiada por la proximidad electoral que otra cosa. Resultaría muy fácil hacer una crítica política sobre los móviles que la inspiran pero no es esa la intención. De lo que se trata es de defender lo que hay que defender y planificar el porvenir del Puerto de la Cruz sin más entreguismos, conscientes de que hay que priorizar en una coyuntura histórica trascendental. No valen ni los efectismos ni recursos improvisados y a la desesperada que, además, no garantizan siquiera la financiación necesaria en tiempos de penurias.
Que quede claro. Estamos de acuerdo con la realización de esa actuación pero sin más hipotecas. Por tanto, que se vea y escrute primero el pliego de condiciones para que nadie se llame a engaños y los intereses generales del municipio queden plenamente garantizados y compensados de manera adecuada.
Hasta donde la memoria alcanza -habría que rescatar documentación para verificar algunos términos y precisar con exactitud-, la artificialidad de la medida tenía el bonancible disfraz del desbloqueo o del avance para acercar la materialización del proyecto. Pero en realidad, se trataba de aniquilar un existente convenio marco de las tres administraciones (autonómica, insular y local) que salvaguardaba el patrimonio municipal y que establecía un consorcio coparticipado que gestionara el desarrollo de una actuación singular estructurante que debía ser el revulsivo de la reactivación económica del municipio. Aquella determinación significó ceder competencias y patrimonio municipal -sobre todo, patrimonio- al Gobierno de Canarias con el fin de que éste, convertido en titular, pudiera ejecutar, aparentemente ya sin obstáculos, una actuación infraestructural sobre la que tanto se ha escrito y debatido desde tiempo inmemorial.
El Grupo Municipal Socialista de entonces se opuso a esa medida, sin que ello significara voluntad de obstaculizar. Al contrario, en el mandato 1999-2003, con el debido respaldo técnico, dejó aprobado ese convenio marco que habría de favorecer el desarrollo de la actuación, preservando los pasos dados hasta entonces y asegurando el principio de cooperación interinstitucional para garantizar la continuidad y ajustarse al modelo de ciudad que buscaba innovar y cualificar su oferta turística. La alternativa del gobierno de entonces, sin ni siquiera garantizar que un pliego de condiciones plasmaría la valoración económica del patrimonio, no sólo sigue sin aparecer sino que se torna inviable a pesar de algún “anticipo” político relativo al comienzo de las obras de este mismo año.
La posición de la representación institucional del PSC-PSOE se basaba en la importancia que tenía para la ciudad aquella franja de terreno ganada al mar, noventa y cinco mil metros cuadrados, un auténtico diamante por pulir (en feliz definición de Antonio González Pérez, que pensaba en el limitado recurso del suelo), y que, partiendo de la renuncia de la concesión administrativa, requiere aún otros trámites importantes, entre ellos la elaboración de un plan director de usos en el que la aportación del ayuntamiento es esencial, para así propiciar el desarrollo de la actuación de forma armónica y, a ser posible, ensamblada con un puerto pesquero-deportivo y, dependiendo de las posibilidades de construcción, añadiendo el uso comercial al proyecto.
La franja aludida había sido financiada con recursos propios (unos novecientos millones de pesetas) y era objeto de una concesión administrativa por cincuenta años. El dominio público marítimo-terrestre afectaba también al campo de fútbol El Peñón, propiedad municipal, y a la actual piscina deportiva municipal, por lo que en el debate plenario de entonces, el Grupo Municipal Socialista planteó la ineludible necesidad de resaltar y hacer una valoración sólida de tales hechos: concesión, terrenos municipales e inversión propia. Cualquier fórmula o acuerdo, cualquier negociación, debía contener tal premisa.
Comoquiera que no había garantías -independientemente de otros trámites que habrían de ‘amarrar’ la realización del proyecto para no someterla a subterfugios y trabas burocrático-administrativas- y, desde luego, se despreciaban los antecedentes del convenio marco, la posición del Grupo Municipal Socialista -que dejó bien claro que compartía la aspiración popular de contar con un puerto, pero sin renunciar a activos patrimoniales- fue de oponerse a la vía escogida por el gobierno local, que fue la del protocolo.
Ahora se anticipa -de nuevo en el tramo final de un mandato- que el actual gobierno municipal (CC+PP) promueve en el pleno la renuncia a la concesión (deben quedar unos veintiocho años) con el beneficioso supuesto de desbloquear y acelerar la ejecución de las obras. Eso significa, en la práctica, que Costas adscriba los terrenos al Gobierno de Canarias. Inaceptable.
Y es que la decisión, por muy buenas intenciones que la sustancien, es infeliz. Parece más efectista y apremiada por la proximidad electoral que otra cosa. Resultaría muy fácil hacer una crítica política sobre los móviles que la inspiran pero no es esa la intención. De lo que se trata es de defender lo que hay que defender y planificar el porvenir del Puerto de la Cruz sin más entreguismos, conscientes de que hay que priorizar en una coyuntura histórica trascendental. No valen ni los efectismos ni recursos improvisados y a la desesperada que, además, no garantizan siquiera la financiación necesaria en tiempos de penurias.
Que quede claro. Estamos de acuerdo con la realización de esa actuación pero sin más hipotecas. Por tanto, que se vea y escrute primero el pliego de condiciones para que nadie se llame a engaños y los intereses generales del municipio queden plenamente garantizados y compensados de manera adecuada.
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