Anduvo presto el consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, a la hora de responder a la más que grave acusación que habían hecho los secretarios generales de Comisión Obreras y Unión General de Trabajadores, Juan Jesús Arteaga y Juan Francisco Fonte, respectivamente, consistente en la disponibilidad por parte del ejecutivo autonómico de unos quinientos millones de euros, destinados teóricamente a generar empleo, sin que hasta la fecha haya movido prácticamente nada para gestionarlos. Lo comentamos aquí, en la entrada del pasado martes.
El consejero lo negó, a la vez que confesó su asombro por el desconocimiento de las políticas activas de empleo evidenciado, según él, por los responsables de las citadas centrales sindicales. Estos, que se sepa, no han replicado, por lo que se supone que mantienen la posición a la espera de la convocatoria de una sesión extraordinaria y urgente del Consejo General de Formación y Empleo, con el fin, se intuye, de esclarecer los planteamientos y desbloquear lo que sea con tal de activar la puesta en marcha de los programas concebidos para crear empleo o reducir el paro, que buena falta hace.
Nada sorprende en la política canaria, ni que estas cosas tan gruesas o tan serias, se diriman en los medios de comunicación a través de las opiniones y de los mensajes entrecruzados por las partes. Sólo que con ese drama de nuestro tiempo, drama para todos, no se debe jugar ni especular ni conjeturar, sobre todo con dimensión esperanzada del problema que es cualquier alternativa para mitigarlo, desde una consignación presupuestaria a la implementación de programas o convenios que contribuyan, aún con la rémora de la precariedad, a disminuir las cifras de desempleados, hecho que debe traducirse en el alivio de problemas personales o familiares.
No se debe porque eso es lo que desazona, aún más, a los afectados. Si ya la incredulidad se ha instalado en el ánimo de mucha gente, seguro que se acentuará cuando es informada de recursos que no se utilizan, por las razones que sea, o de carencias e incumplimientos en la gestión de aquéllos. Desde los años ochenta del pasado siglo, venimos probando en Canarias todo tipo de fórmulas para reducir los porcentajes de parados: ni siquiera en los mejores tiempos, cuando las vacas gordas, estuvimos cerca del objetivo. Si hubo riqueza, no fue bien redistribuida. La competencia es nuestra, de la Comunidad -hecho que procede recordar, para evitar incurrir en la elusión de responsabilidades-, de modo que es aquí donde hay que tratar la cuestión e intentar hallar las salidas, no en vano en los programas de todos los partidos políticos hay un apartado dedicado a este problema, acompañados o coronados, en algunos casos, de un eslógan ocurrente como ese del pleno empleo que parece tomar por tontos a los destinatarios del mensaje.
Lo cierto es que, falsa, inconsistente, exagerada o interpretable la acusación de dos de los más importantes sindicatos canarios; y negada, con asombro incluido, por el consejero del ramo, llama la atención (negativamente) que a estas alturas del siglo, de la democracia, de la autonomía, de la convivencia entre la Administración y los destinatarios de sus acciones, de la concertación y de los convenios colectivos, la desinformación y la confusión de unos, y a incapacidad o la lentitud de otros, sean factores que agraven este drama del desempleo. Se ve que la voluntad de diálogo por las partes, proclamada por el poder político y suspirada por el sindicalismo, no se plasma en hechos concretos, o lo que es igual, sirven de muy poco o nada todas esas mesas o esos órganos en los que, supuestamente, se debaten y se aprueban todas las bases y todos los programas que sean un estimulante del mercado laboral y hasta de ciertos sectores productivos.
Pero no aprendemos. No ya de las negociaciones alemanas, por ejemplo, tan enconadas hasta que dejan de serlo por razones de interés general, de empresarios y de trabajadores. Preferimos seguir entretenidos sin saber a ciencia cierta cuáles son los programas a convenir con las corporaciones locales o cuáles son los criterios para fijar las obras de interés social. Nos confundimos hasta con las cantidades con que se dotan capítulos y conceptos. Todo eso hace, aunque parezca exagerado, que se dude de la utilidad de organismos como el Servicio Canario de Empleo. La oposición parlamentaria, desde luego, tiene ahí un vasto campo para el seguimiento y la fiscalización
Y si el último registro estadístico señala que Canarias fue la única comunidad española donde no bajó el paro, la duda se agiganta. Así que, al menos para fijar cuantías de fondos y aprovechamiento adecuado de esos recursos, pónganse de acuerdo. Los desempleados lo agradecerán.
El consejero lo negó, a la vez que confesó su asombro por el desconocimiento de las políticas activas de empleo evidenciado, según él, por los responsables de las citadas centrales sindicales. Estos, que se sepa, no han replicado, por lo que se supone que mantienen la posición a la espera de la convocatoria de una sesión extraordinaria y urgente del Consejo General de Formación y Empleo, con el fin, se intuye, de esclarecer los planteamientos y desbloquear lo que sea con tal de activar la puesta en marcha de los programas concebidos para crear empleo o reducir el paro, que buena falta hace.
Nada sorprende en la política canaria, ni que estas cosas tan gruesas o tan serias, se diriman en los medios de comunicación a través de las opiniones y de los mensajes entrecruzados por las partes. Sólo que con ese drama de nuestro tiempo, drama para todos, no se debe jugar ni especular ni conjeturar, sobre todo con dimensión esperanzada del problema que es cualquier alternativa para mitigarlo, desde una consignación presupuestaria a la implementación de programas o convenios que contribuyan, aún con la rémora de la precariedad, a disminuir las cifras de desempleados, hecho que debe traducirse en el alivio de problemas personales o familiares.
No se debe porque eso es lo que desazona, aún más, a los afectados. Si ya la incredulidad se ha instalado en el ánimo de mucha gente, seguro que se acentuará cuando es informada de recursos que no se utilizan, por las razones que sea, o de carencias e incumplimientos en la gestión de aquéllos. Desde los años ochenta del pasado siglo, venimos probando en Canarias todo tipo de fórmulas para reducir los porcentajes de parados: ni siquiera en los mejores tiempos, cuando las vacas gordas, estuvimos cerca del objetivo. Si hubo riqueza, no fue bien redistribuida. La competencia es nuestra, de la Comunidad -hecho que procede recordar, para evitar incurrir en la elusión de responsabilidades-, de modo que es aquí donde hay que tratar la cuestión e intentar hallar las salidas, no en vano en los programas de todos los partidos políticos hay un apartado dedicado a este problema, acompañados o coronados, en algunos casos, de un eslógan ocurrente como ese del pleno empleo que parece tomar por tontos a los destinatarios del mensaje.
Lo cierto es que, falsa, inconsistente, exagerada o interpretable la acusación de dos de los más importantes sindicatos canarios; y negada, con asombro incluido, por el consejero del ramo, llama la atención (negativamente) que a estas alturas del siglo, de la democracia, de la autonomía, de la convivencia entre la Administración y los destinatarios de sus acciones, de la concertación y de los convenios colectivos, la desinformación y la confusión de unos, y a incapacidad o la lentitud de otros, sean factores que agraven este drama del desempleo. Se ve que la voluntad de diálogo por las partes, proclamada por el poder político y suspirada por el sindicalismo, no se plasma en hechos concretos, o lo que es igual, sirven de muy poco o nada todas esas mesas o esos órganos en los que, supuestamente, se debaten y se aprueban todas las bases y todos los programas que sean un estimulante del mercado laboral y hasta de ciertos sectores productivos.
Pero no aprendemos. No ya de las negociaciones alemanas, por ejemplo, tan enconadas hasta que dejan de serlo por razones de interés general, de empresarios y de trabajadores. Preferimos seguir entretenidos sin saber a ciencia cierta cuáles son los programas a convenir con las corporaciones locales o cuáles son los criterios para fijar las obras de interés social. Nos confundimos hasta con las cantidades con que se dotan capítulos y conceptos. Todo eso hace, aunque parezca exagerado, que se dude de la utilidad de organismos como el Servicio Canario de Empleo. La oposición parlamentaria, desde luego, tiene ahí un vasto campo para el seguimiento y la fiscalización
Y si el último registro estadístico señala que Canarias fue la única comunidad española donde no bajó el paro, la duda se agiganta. Así que, al menos para fijar cuantías de fondos y aprovechamiento adecuado de esos recursos, pónganse de acuerdo. Los desempleados lo agradecerán.
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