Entre las aristas incomprensibles que suelen ofrecer algunos casos sometidos a la administración de justicia y de notable repercusión mediática, llama la atención que algún imputado entable acciones contra el magistrado que investiga, diligencia o instruye. Si el asunto es de naturaleza política, es normal que se quiera aumentar la revoltura desarrollando una estrategia con una finalidad muy clara: sembrar el proceso de todos los vicios y todas las dudas posibles y anularlo. Entonces, todos los recursos formales y tácticos al alcance son válidos, aunque uno de ellos sea denunciar al mismísimo juez que acusa. O sea, el acusado se convierte en acusador.
Así ocurre con el principal imputado en la presunta trama de corrupción que sustancia el caso Gürtel, Francisco Correa, que ha interpuesto en el Tribunal Supremo una querella contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha subrayado la perplejidad que causa el hecho. “Algo falla cuando eso ocurre”, ha dicho Blanco. Cuidado, porque si esos fallos son síntomas de quebranto de la salud del sistema judicial, hay que estar en alerta. Cuando el político socialista confía en que lo que considera “triquiñuelas” no impida el juicio de un hecho tan controvertido que ha causado “estupor y repugnancia al conjunto de España”, está abundando en la perplejidad.
Y es que de escuchas va la cosa. Naseiro, Valencia, ¿se acuerdan? Entonces, para esclarecer un caso de presumible financiación irregular del Partido Popular, las grabaciones eran determinantes. Pero tales pruebas fueron destruidas por orden del juez instructor, si la memoria no falla.
Ahora, la defensa de Correa, independientemente de las conexiones políticas que posea, parece empeñada en jugar la baza que significa seguir la corriente contraria a Garzón que algunos, por fas o por nefas, se han encargado de generar. En el caso que nos ocupa, el juez había ordenado intervenir las conversaciones de los implicados con sus abogados, el hecho desencadenante de la querella que el Supremo debe decidir si admite o no, aunque ya haya aprobado la personación de Correa como acusación. El juez instructor, Antonio Pedreira, avaló y prorrogó las intervenciones pero no importa ni como tampoco la advertencia de la Fiscalía, en el sentido de que los imputados intentan declarar nulas posibles pruebas obtenidas durante esa fase de escuchas (es lo que sus letrados esgrimen como fraude de Ley). El objetivo parece claro: anular el proceso con tacticismos basados en recursos y alegaciones registrados en cascada, ganando tiempo, a ver si cae Garzón.
Se siente éste perseguido, de modo que ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no le suspenda cautelarmente de sus funciones. Ha llegado a afirmar, con toda razón, que la estrategia de “desprestigio acoso y desautorización” de su tarea jurisdiccional no tiene precedentes en la historia judicial española. Es consciente de que, en la complejidad de este caso, se quiera cuestionar la regularidad de las instrucciones, la vía para producir la impunidad de las presuntas conductas delictivas que han sido objeto de investigación. De ahí que se aguarde con mucha expectación la resolución de su escrito de alegaciones ante el órgano de gobierno de los jueces.
Será una decisión fundamental para la propia carrera del juez Garzón y para la evolución de este caso de presunta corrupción política. Ha llegado a pedir en ese escrito que dos de sus compañeros se abstengan de participar en las deliberaciones. Quizá parezca exagerado decir que está en juego algo más que la credibilidad del sistema judicial pero la naturaleza del caso Gürtel, los protagonistas del mismo, las decisiones que se han sucedido y esas aristas que afectan a un magistrado de la Audiencia Nacional hacen prever, cuando menos, un punto de inflexión.
De momento, que en plena tramitación, uno de los acusados se haya convertido en acusador es bastante llamativo. Continuará.
Así ocurre con el principal imputado en la presunta trama de corrupción que sustancia el caso Gürtel, Francisco Correa, que ha interpuesto en el Tribunal Supremo una querella contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha subrayado la perplejidad que causa el hecho. “Algo falla cuando eso ocurre”, ha dicho Blanco. Cuidado, porque si esos fallos son síntomas de quebranto de la salud del sistema judicial, hay que estar en alerta. Cuando el político socialista confía en que lo que considera “triquiñuelas” no impida el juicio de un hecho tan controvertido que ha causado “estupor y repugnancia al conjunto de España”, está abundando en la perplejidad.
Y es que de escuchas va la cosa. Naseiro, Valencia, ¿se acuerdan? Entonces, para esclarecer un caso de presumible financiación irregular del Partido Popular, las grabaciones eran determinantes. Pero tales pruebas fueron destruidas por orden del juez instructor, si la memoria no falla.
Ahora, la defensa de Correa, independientemente de las conexiones políticas que posea, parece empeñada en jugar la baza que significa seguir la corriente contraria a Garzón que algunos, por fas o por nefas, se han encargado de generar. En el caso que nos ocupa, el juez había ordenado intervenir las conversaciones de los implicados con sus abogados, el hecho desencadenante de la querella que el Supremo debe decidir si admite o no, aunque ya haya aprobado la personación de Correa como acusación. El juez instructor, Antonio Pedreira, avaló y prorrogó las intervenciones pero no importa ni como tampoco la advertencia de la Fiscalía, en el sentido de que los imputados intentan declarar nulas posibles pruebas obtenidas durante esa fase de escuchas (es lo que sus letrados esgrimen como fraude de Ley). El objetivo parece claro: anular el proceso con tacticismos basados en recursos y alegaciones registrados en cascada, ganando tiempo, a ver si cae Garzón.
Se siente éste perseguido, de modo que ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no le suspenda cautelarmente de sus funciones. Ha llegado a afirmar, con toda razón, que la estrategia de “desprestigio acoso y desautorización” de su tarea jurisdiccional no tiene precedentes en la historia judicial española. Es consciente de que, en la complejidad de este caso, se quiera cuestionar la regularidad de las instrucciones, la vía para producir la impunidad de las presuntas conductas delictivas que han sido objeto de investigación. De ahí que se aguarde con mucha expectación la resolución de su escrito de alegaciones ante el órgano de gobierno de los jueces.
Será una decisión fundamental para la propia carrera del juez Garzón y para la evolución de este caso de presunta corrupción política. Ha llegado a pedir en ese escrito que dos de sus compañeros se abstengan de participar en las deliberaciones. Quizá parezca exagerado decir que está en juego algo más que la credibilidad del sistema judicial pero la naturaleza del caso Gürtel, los protagonistas del mismo, las decisiones que se han sucedido y esas aristas que afectan a un magistrado de la Audiencia Nacional hacen prever, cuando menos, un punto de inflexión.
De momento, que en plena tramitación, uno de los acusados se haya convertido en acusador es bastante llamativo. Continuará.
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