Seguro que Javier Ortiz no pedirá hoy al vicepresidente del Gobierno, a su vicepresidente, que diga quiénes son todos esos hijos de puta que lleva sorteando, tal como saludó a un periodista en el curso de un cóctel navideño, impregnado, por cierto, del espíritu contrario, según discurren las cosas en las Canarias de nuestras tribulaciones últimamente.
El presidente tinerfeño de Coalición Canaria, casi al mismo tiempo, había inquirido valentía a los socialistas de modo que pusieran sobre la mesa los nombres de los medios afines al Gobierno tras conocerse una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el concurso para adjudicar las licencias de la Televisión Digital Terrestre (TDT), como si esa fuera la esencia de un debate -por lo demás, inexistente- y como si no se conocieran en las islas, a estas alturas, las tendencias, los gustos y los sesgos.
La valentía hoy sería, cuando menos, recriminar públicamente a Soria por su nuevo dicterio.Mejor haría Ortiz en preocuparse, siquiera en defensa de la nunca bien ponderada libertad de expresión y tan invocada a propósito de un debate no muy lejano en el Parlamento de Canarias, por la precaria situación del Centro de la Cultura Popular Canaria que tiene un micrófono y una antena incómodos para quienes están más acostumbrados al incienso, al halago y al acriticismo. Ya saben: los grupos de CC y PP votaron en contra de una enmienda -cuantificada en cuarenta mil euros; nada: una ruina para la Comunidad de los derroches- para subvencionar a la entidad. Y en eso llegó Cabrera Pérez-Camacho para desmarcarse y para hacer más evidente el por qué del rechazo a la enmienda, acompañado de disculpas del socio popular -qué versallesco, faltaría más- y de la consabida reacción solidaria.
Reacción que no habría de acabar en mera testimonialidad, por cierto. Ya deberían los socialistas, por ejemplo, estar proponiendo desde una entidad financiera en la que hubo codazos por acceder a los órganos de dirección, un convenio o similar para impedir la desaparición del Centro. Disponen de opciones y de recursos para hacerlo. Sólo hacen falta iniciativa, voluntad y eficacia para demostrar que hay soluciones al alcance y que no se está ahí, en la entidad financiera, para la vida contemplativa o vegetativa.
Ya ven cómo el Gobierno prefiere la beligerancia. Su presidente advierte con acciones -¿le habrá preguntado Ortiz cuáles son las "de todo tipo"?- a quienes imputen o den a entender alguna comisión delictiva a sus decisiones. Claro: es que andamos en un Estado de derecho -por mucha impunidad y por mucha laxitud con la que algunos vienen desenvolviéndose desde hace muchos años- y hay que respetar las reglas del juego. Y cuando eso no ocurre, como es el caso del concurso de la TDT hasta que el Supremo diga lo que sea procedente, pues actúan los tribunales, sobre todo si alguna de las partes en litigio -nada menos que tras concurso público- se siente perjudicada.
Pero es que aquí las infracciones o el incumplimiento están del lado gubernamental. Que lo dice, oiga, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias; luego ¿a qué viene esa bravata? Defenderse, sí; pero que desde la primera instancia gubernamental, o sea, la primera que debe velar por el cumplimiento de la legalidad, se lance la advertencia, tras un fallo judicial tan rotundo, es reprochable. Baste comprobar el veloz efecto contagioso entre aquéllos que luego dicen lamentar la judicialización de la vida política o la politización de la justicia. Y encima se lo reprueban a los políticos que ejercen acciones.
Mejor ha quedado el ejecutivo, desde luego, con la aprobación de una Ley de Medidas Tributarias para incentivar la economía, aunque sea plagiando las que el pasado mes de julio promovió el grupo socialista. Don Manuel -Fraga, que no Marcos- hubiera dicho lo del "sólo acierta cuando rectifica". Rechazaron aquéllas entonces los socios gubernamentales, modificaron a la baja ahora un porcentaje en el concepto de transmisiones patrimoniales y actos documentados y las hicieron suyas, como siempre en defensa de los intereses generales de la sociedad canaria. Total, por seis meses, qué es una raya más para un tigre.
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